Tras el Correo-Gate, Gobierno establece mediante decreto procedimiento para resolver conflictos de intereses

Política

Tras la aparición del denominado Correo-Gate, el Gobierno nacional estableció mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado.

En el marco del caso del Correo Argentino y el frustrado acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo, el Presidente Mauricio Macri ya había adelantado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, estos dos decretos. "La corrupción se combate con transparencia e integridad", aseguró en el Parlamento.

Los decretos 201 y 202/2017 entraron en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y se dan a conocer luego de duras críticas de la oposición al manejo que hizo el Gobierno de la situación de Correo Argentino, la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que se encuentra en conflicto con el Estado por una deuda.

En el primero de los decretos se dispuso que en los "procesos de cualquier naturaleza en que sea parte un organismo" público en los que el Presidente, el Vicepresidente, el jefe de Gabinete o un ministro tenga "relación a una de las partes en el proceso", el Estado nacional será representado "en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación".

La intervención tendrá lugar cuando se den alguna de estas situaciones: "Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, ser deudor o acreedor, haber recibido beneficios de importancia" o "amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

También intervendrá la Procuración del Tesoro "en el caso de las personas jurídicas, cualquiera de los vínculos anteriores en relación a un director, accionista o socio que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas".

"Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del cinco por ciento del capital social", se indicó.

La norma también prevé que "en el caso de ministros y autoridades equivalentes, la vinculación debe darse en relación a procesos que tramiten en su órbita o ámbito de su competencia".

En el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se indicó que la Procuración del Tesoro buscará "desempeñar la defensa del Estado Nacional asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público en todos los casos contemplados" en la norma.

Además, la Procuración del Tesoro deberá dar a conocer por Internet el listado de causas judiciales alcanzadas por el decreto e "información actualizada sobre el estado de las actuaciones y las audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública".

En tanto, el decreto 202/2017 establece la presentación de una "Declaración Jurada de Intereses" para "toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado", con el objeto de descartar vinculación con integrantes del Poder Ejecutivo y abogar por la "transparencia" de las decisiones y la ética de los funcionarios.

En esa declaración jurada "deberá declarar si se encuentra o no alcanzada" por vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete y demás ministros y autoridades de igual rango en el Ejecutivo, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata, siguiendo los mismo parámetros en cuando a grado de afinidad y consanguinidad, pleitos o deudas pendientes y amistad pública que "se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

La norma dicta que para ser proveedor o contratista del Estado Nacional los interesados deberán presentar esta declaración jurada, y los que ya se encuentran inscriptos deberán presentarla dentro de los próximos 90 días hábiles.

Los datos de la declaración jurada de intereses deberán actualizarse anualmente, y en el plazo de 90 días hábiles ante un supuesto caso de vinculación.

En este caso, será la Oficina Anticorrupción (OA), actualmente a cargo de Laura Alonso, la que reciba y examine esos documentos.

Si se diera el caso de una vinculación, se deberá comunicar a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación dentro de los tres días hábiles, y dar luego publicidad total a las actuaciones en la página web y en la de la OA, dando intervención al Ministerio de Modernización.

A partir de ahora tanto la Procuración Nacional del Tesoro de la Nación y la Oficina Anticorrupción deberán establecer los mecanismos internos necesarios para su participación.

En tanto, el funcionario en cuestión deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación.

Ambos decretos llevan las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

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