Ya no puede haber internas legales, menos democráticas

El gobierno quedó entrampado en su maniobra. La Justicia así no puede hacer nada. El Congreso puede salvar la forma pero no el fondo de padrones partidarios entre falseados y desactualizados. La elección general directa, sin internas, tiene el riesgo de no aportar solución a la crisis económica si hace parir un Poder Ejecutivo cuestionable. Aprovecharía este estrangulamiento institucional el duhaldismo para intentar seguir porque no admite que no lo valoricen en el exterior y nunca le vayan a dar una solución en millones de dólares como a Brasil y Uruguay. Pero así sucederá: la Argentina hoy sólo convoca postergaciones de vencimientos porque al gobierno no le creen.

Pese a la sorpresa y evidente retroceso que provocó en el gobierno Duhalde observar el repudio bastante generalizado a los 4 decretos que lanzó de convocatoria a internas el 24 de noviembre, hay que saber que no tiene posibilidad real por sí mismo de cambiarlos. Ni tampoco la Justicia puede hacerlo en el punto crucial de esos decretos, que los afiliados a un partido político puedan ir a votar al de otro y posiblemente decidir sus candidatos, lo cual es antidemocrático.

La razón de la imposibilidad es simple: si el gobierno o la Justicia decretaran la nulidad de esos decretos, quedaría vigente la Ley Electoral 25.611 que sancionó el Congreso Nacional el 19 de junio último. Esta ley, a su vez, en ninguno de sus artículos vigentes dice que está prohibido a un afiliado a un partido político votar en la interna de otro. Y no lo dice porque, aquí la insólita paradoja, el presidente Duhalde vetó expresamente el 5 de julio el 4° párrafo del artículo 29 bis que imponía la prohibición.

El veto presidencial no puede ser cuestionado porque es constitucional para cualquier titular del Poder Ejecutivo. Inclusive la jurisprudencia admitió siempre aquí el «veto parcial», o sea del presidente, a uno o algunos artículos -y hasta vetar sólo frases o párrafos, como sucedió con el 29 bis-de una ley manteniendo el resto y promulgándola mutilada. En Estados Unidos no es así. El presidente o veta toda la ley o la promulga como la sancionó el Parlamento.

Del otro lado, recurrir a la Justicia es perder el tiempo porque ningún juez ni cámara superior ni aun la Corte Suprema pueden restituir un derecho conculcado cuando la ley vigente no lo brinda.

Cuando se vetó el párrafo 4° del artículo 29 bis, que prohibía extrapolar afiliados de un partido a la interna del otro, en el espíritu que le dio el Congreso a la sanción, se hizo dentro de un plan -llámeselo maquiavélico o como sea- de que luego vendrían los decretos permitiéndolo, como sucedió el viernes 3 de julio y estalló la discusión.

Pero dar marcha atrás, por la fuerte reacción de los políticos y fundamentalmente de la sociedad que vio clara la maniobra electoral que se prepara, le es imposible al gobierno, víctima de sus propias malas intenciones desde el primer momento. Entonces ¿qué pasará?

Se torna cada vez más evidente que las elecciones de internas para elegir candidatos son ya prácticamente imposibles. El Congreso podría dar una solución y con dos tercios de los votos presentes -hecho que es perfectamente constitucional- superar el veto de Eduardo Duhalde y restituir la prohibición de afiliados de un partido de intervenir en otro, como era su pensamiento mayoritario original de los legisladores. Aun cuando el duhaldismo se ha dado cuenta, por tanta reacción adversa, que se equivocó no es fácil suponer que va a prestar sus más de 60 diputados bonaerenses propios para ese fin. Tampoco es fácil que lo hagan las huestes parlamentarias de los radicales sumados desde hace tiempo al justicialismo bonaerense cohabitando bajo la idea «populista» con Duhalde pero, fundamentalmente, guiándose por sus intereses particulares, basados en que nadie les toque la legión de punteros y beneficiados que tienen en institutos públicos como ANSeS, PAMI, administraciones y otros organismos públicos. Un Leopoldo Moreau defiende mucho mejor sus intereses y de sus huestes apoyando que se mantenga el poder del duhaldismo vía José de la Sota -aunque sea en la provincia de Buenos Aires- que mandando esa tropa a una interna radical para una candidatura sin chance electoral en marzo.

El mismo cordobés De la Sota ha adoptado una actitud sibilina. El viernes parecía que se ruborizaba por ser casi el único -en realidad es el único- beneficiario de los cuestionados decretos del 3 de julio y dijo que «debían ser modificados». Pero en su propuesta también hay algo escondido. Su plan es -aunque repitamos que no hay ley que lo sustente por el veto ni Justicia que pueda restituir lo que no existe- «que no puedan votar en la interna de otro partido los que no efectúen interna por lista única». Consecuencia de sus palabras es que sí podrían participar «afuera» los que tengan interna. El único partido, aparte del PJ, que se proyecta a realizar una es el radicalismo y aquí sí podrían ir a la suya o a la del PJ. Con esto De la Sota descarta para su candidatura en el PJ el voto de la izquierda, que se inclina hacia la lista única, pero a su vez sabe bien lo que se señaló, que los activistas de los radicales Moreau y Storani recibirían indicación de acudir a la elección del justicialismo y no a la propia por el escaso interés y guiar así la tropa.

Todo hoy en la política es un juego intrincado de intereses personales. Casi todos los juegos, desde el duhaldismo hasta el radicalismo más populista (Raúl Alfonsín no está en esto) y la izquierda se mueven en una sola dirección: usar todo contra el riojano Carlos Menem del cual cada día más temen una imprevista avalancha arrasadora de votos como sucedió en 1988, más allá de que le organicen «escraches» de 20 o 30 personas para ganar prensa contra él en medios, le creen cuentas bancarias y hasta le esgriman que el Fondo Monetario se opone a su idea de dolarizar. Duhaldistas y radicales populistas lo hacen preservando lo particular. La izquierda, con muchos menos intereses en juego, es más pura y lo hace simplemente por ideología.

• Indisponibles

Pero si toda la puja, bastante sucia, de los políticos y aun cuando se pudiera buscar una solución legal -hoy no visible- saliera bien, ha surgido algo más: efectivamente los padrones de afiliados para que no puedan sufragar en la interna de otros no se podrán disponer para noviembre. Hay ya 8 jueces que han dicho que sí pueden tenerlos, es cierto. Pero el problema está en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo puede tener padrones actualizados y se usaron en 1995 pero sin que se los analice a fondo. En 2001 Raúl Alfonsín sacó en la provincia 700.000 votos a senador cuando allí la UCR acusa padrones por más de un millón de afiliados... La carta orgánica del radicalismo dice que afiliado que no vota en 2 internas continuas automáticamente queda desafiliado, pero nunca se volcó eso a la actualización de padrones. El PJ calcula los congresales a su convención interna en base a padrones que a la provincia de Buenos Aires nunca le interesó actualizar porque en ello basa mucho de su preminencia partidaria en el país.

Elisa Carrió no tiene ni partido ni afiliados y se mueve dentro de un «movimiento» donde sólo tiene afiliados el socialismo. Los viejos afiliados de la UCeDé que quisieran ir a votar a Menem, por ejemplo, no podrían hacerlo aunque casi no tienen partido. Ni los intransigentes del fallecido Oscar Alende; ni los del MID, etc. Haberse afiliado alguna vez a un partido haría a muchos ciudadanos con derechos restringidos dentro de estas maniobras políticas. El Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires -distrito que es la mitad del país- tiene padrones totalmente desactualizados desde 1983. Sirvieron igual en 1988 en Cafiero contra Menem porque eran indiferentes ambos candidatos a otras agrupaciones y no se pensaba mandar los afiliados de uno a votar el peor candidato del otro para imponerlo. En 1988 sí se agregaron auténticos votantes «independientes».

• No sirven

Para una elección tan problemática como esta del 24 de noviembre no sirven. Están basados en «punteros» que anotaban 200 o 300 personas para ganar un puesto concejal o consejero escolar junto a afiliaciones reales. No se sabe quiénes desistieron, quiénes se murieron, quiénes figuran anotados engañados. Hay dos grandes padrones «truchos» en la Argentina, los de los partidos políticos y los de las obras sociales de los sindicatos porque le extraen plata «por afiliado» al Estado en favor de los gremialistas. Hace cuatro años un audaz funcionario hizo un chequeo simple y descubrió que figuraban en obras sociales nada menos que 4 millones de anotaciones falsas. Aun los reales son de la época de 11 o 14% de desempleo. Millones siguen figurando hoy. El gobierno paga por ellos y acrecienta su déficit estatal y no reciben ninguna prestación de los sindicatos donde figuran.

En un país transgresor como la Argentina basar algo en un «padrón público» es perder el tiempo si se quiere actuar con honradez y transparencia.

La interna del 24 de noviembre suena como un intento lírico, nada más. Es posible -sería lo mejor- que esa fecha se transformara en la de la elección general directa de un futuro presidente en lugar del 30 de marzo como ahora los decretos controvertidos marcaron. Sin internas irían a la general todos los candidatos que quisieran o tenderían a agruparse. Claro, aquí el perjudicado sería el justicialismo. Podría darse que reúna 50% o más de los votos pero dividido entre 4 o 5 candidatos y tuviera que ir a segunda vuelta uno de ellos con 23% de los votos junto a Elisa Carrió con 22%. En segunda vuelta -puede suponerse- ese candidato del PJ se impondría como Jacques Chirac en Francia que en el ballottage logró más de 80% de los votos que el ultraderechista Le Pen pero aquí habría dos problemas. Los otros candidatos del PJ «fijarían precio» que siempre se traduce en más déficit del presupuesto nacional o pérdida de ejecutividad del gobierno por «compensar el apoyo con cargos». En la feroz oposición interna que caracteriza el modo de hacer política en la Argentina no se le perdonaría a un presidente que sólo haya logrado 23% o 25% en primera vuelta, como nunca se le «perdonó» al radical Arturo Illia en 1963. Fue un mandatario débil. Es para países más serios.

Dramáticamente estamos descubriendo que también está jaqueada la única importante solución que se alentaba para encaminar el país a la recuperación de la más grave crisis socio-económica de toda su historia. Y se sospecha que el duhaldismo aprovecharía la situación creada para alargar su alejamiento del poder cuando menos al 10 de diciembre de 2003. Otra paradoja: la crisis económica no debería tener momentos de alivio, como ahora con la esperanza de un acuerdo con el Fondo, para que el gobierno se vaya y surjan soluciones de fondo. El duhaldismo, obnubilado con los millones a Brasil y Uruguay, no entiende que a ellos nunca se los darán.