La Argentina suspendió la propiedad privada

Nuestro país acaba de sustituir el capitalismo por la inseguridad jurídica más agravada. Estamos presenciando la más grande redistribución y disolución de propiedades de la historia. El abandono de la Ley de Convertibilidad y la imposición de un control de cambios, el congelamiento de depósitos bancarios («corralito»), la reforma a la Ley del Banco Central y abolición de las limitaciones a la emisión monetaria, a la ley de quiebras, las disposiciones acerca de tipos de cambio distintos para contratos específicos, a $ 1, a $ 1,4, al denominado cambio libre y el resto de los poderes especiales otorgados por el Congreso al Poder Ejecutivo resultan en la más amplia capacidad para redistribuir y disolver riqueza, desde la organización de 1853.

Como sabemos, cuando los funcionarios tienen facultades que generan rentas a personas determinadas, siempre son incentivados a utilizarlas. La continua alteración de normas y leyes confirma la desaparición del derecho de propiedad, consagrado en nuestra ley fundamental desde 1853. Ahora, la Constitución ha sido reformada de hecho, y el nuevo artículo debería decir:

Sin reglas, la propiedad, el verdadero motor del crecimiento y la causa principal de la riqueza de las naciones, como intento mostrar en el libro «Dolarizar: el fin de las monedas nacionales», se evaporan. Sin propiedad segura, sobrevienen la pobreza y la disolución de la organización social.

Propiedad, que abarca todos los derechos, incluso las libertades individuales de expresión, transitar, fijar domicilio y ejercer actividades productivas. Y éstas también peligran cuando se pisotea la propiedad. Como resultado de esas facultades, los funcionarios harán «justicia» por su propia mano. Algunas empresas «productivas, perjudicadas por el modelo» verán disminuidos sus pasivos, a costa de otras empresas o particulares. Depositantes bancarios son castigados en proporción al crimen de haber confiado en la ley argentina.