Le exigió el juez Comercial, Fernando Ottolenghi, a la sociedad controlada por "Clarín" que explique cómo cancelará sus deudas con los bonistas extranjeros.
ver más
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La decisión de la justicia, es mérito del fondo de inversiones de Estados Unidos, Huff que cuestionó a Multicanal por excluir a los tenedores de las obligaciones negociables que esa empresa lanzó en el mercado internacional por un valor de 500 millones de dólares, antes de declararse en default.
El fondo norteamericano acusó a esa sociedad de conducir un proceso sui géneris que se aparta de las normas que regulan el funcionamiento de las APE, para darle a la reestructuración de su deuda "riesgo cero". Huff, representa a Argentinean Recovery Company, una compañía constituida en el estado de Delawere, que reúne a trust, fondos de pensión, instituciones de caridad y personas que adquirió Obligaciones Negociables emitidas por Multicanal por un valor nominal de u$s 157.355.024.
Anteayer el juez Comercial, Fernando Ottolenghi emitió una resolución que objeta las explicaciones que los apoderados de Multicanal dieron en la asamblea "dado que no resulta de absoluta certeza el estado en que quedarían quienes no han votado afirmativamente la propuesta". Y le pidió que detalle "cada una de las opciones ofrecidas a los acreedores", es decir la opción en efectivo, a la par y la opción combinada.
También le reclamó que aclare "los montos máximos ofrecidos en cada caso, así como el monto de cada una de las opciones elegidas al momento de la votación". En el mismo sentido, le exigió los "alcances" y la "incidencia" que dichos topes proyectan sobre: "los bonistas que en la asamblea no hayan prestado conformidad, y los ausentes".
Esta es una larga batalla jurídica que el fondo Huff viene llevando en dos frentes: en la justicia de Estados Unidos y aquí en Argentina. El fondo norteamericano denunció que el APE de Multicanal no obtuvo las conformidades mínimas exigidas para la presentación del estado activo y pasivo. Esto es, la mayoría absolutas de acreedores que representan las 2-3 el pasivo total. Por el contrario presentó en el expediente acuerdos firmados por 15 acreedores que representan el 57,71%, mientras que 33,33% rechazó la propuesta y la homologación judicial. Además, acusó a la sociedad de privar a los bonistas de su derecho a debatir la propuesta en una reunión que se desarrollara simultáneamente en Buenos Aires y New York. De esta forma alteró la base de cómputos para el cálculo de las mayorías, excluyendo a los obligacionistas ausentes de la asamblea.
Las disposiciones contractuales de las series de obligaciones negociables emitidas por Multicanal establecen expresamente que no podrá introducirse ninguna modificación en las modalidades de pago originariamente convenidas sin la conformidad previa y expresa de todos los tenedores de bonos. La ley argentina así lo convalidaba, por lo tanto la propuesta que pretendía imponer, que incluye una quita superior al 70%.
Sostiene que, homologación del APE implicaría para los acreedores disidentes y silentes una pérdida económica equivalente (a valor presente) al 70% de su crédito, es decir unos 150 millones de dólares. Es esa la cuantía de la quita que experimentarán contra su expresa voluntad o por su silencio los acreedores, o lo que es lo mismo será el beneficio económico que resultará para Multicanal y sus accionistas. El 32,5% de las obligaciones negociables se adquirió a más de 85 centavos por dólar, casi 45% por encima de 70 centavos por dólar y más de 99% por valores muy superiores a los 30 centavos que ofrece Multicanal.
Esto hace que la APE que hoy esta siendo decidida por el juez Ottolenghi sea un acuerdo sui generis con riesgo cero. Sobre todo porque si se homologa el APE y Multicanal emite las obligaciones negociables correspondiente a las denominada "Opción a la Par" y "Opción combinada" se le permitirá que si transcurrido un año de la fecha de homologación resuelve incumplir nuevamente las obligaciones que asumió respecto de su deuda "reestructurada", sus acreedores no podrán solicitar la quiebra y el deudor se encontrará habilitado para procurar un nuevo APE, o solicitar la apertura de un concurso preventivo por lo que podría aplicar nuevamente quitas y esperas respecto de sus títulos. La cuestión no es menor, ya que las nuevas obligaciones negociables que Multicanal se propone emitir, no contempla ningún pago de capital sino hasta dentro de 7 y 10 años, respectivamente, contados desde la fecha de la homologación.
El riesgo total solo es para el acreedor, sobre todo si se recuerda que el 24 de agosto de 2001 Multicanal emitió su ultima serie de obligaciones negociables y que se declaró en default solo 5 meses más tarde.
