Uruguay apoyará a Argentina en la causa por YPF como "amicus curiae"

Yamandú Orsi aceptó la solicitud de apoyo del gobierno de Javier Milei, en el marco de la apelación contra la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera.

Uruguay apoyará a Argentina en la causa por YPF como "amicus curiae".

Uruguay será "amicus curiae" en el juicio por YPF en Estados Unidos, particularmente en la apelación de Argentina contra el fallo del 30 de junio de 2025 que resolvió la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte del pago a los actuales beneficiarios:

La causa YPF, bajo el juzgado de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, viene siendo un importante problema para el país vecino, no solo para el actual gobierno de Javier Milei, sino para todo el Estado argentino: en 2023, el fallo determinó el pago de 16.000 millones de dólares —que ya son 18.000 millones, por los intereses devengados— como indemnización en los casos Petersen Energía Inversora, S.A.U. y otros, Eton Park Capital Management, L.P. y otros contra la República Argentina (caso "Petersen/Eton") y Bainbridge Fund Ltd. contra la República Argentina (caso "Bainbridge"). Y, a modo de garantía, la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.

Mientras la aplicación de la sentencia u orden de entrega de las acciones —emitida el 30 de junio pasado— está suspendida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, el gobierno argentino buscó apoyos entre otros países para tramitar la apelación efectiva de la condena por la presunta mala expropiación de YPF en 2012.

El apoyo de Uruguay

Uno de los países consultados por Argentina fue Uruguay que, en instancias anteriores, ya ha comparecido como "amicus curiae" en apoyo del país vecino. Una solicitud que fue aceptada por el gobierno de Yamandú Orsi, por lo que el país apoyará la defensa argentina ente el tribunal estadounidense, al igual que lo hará también el Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump.

"La República Argentina solicitó la suspensión de las Órdenes de Traslado, lo cual fue denegado por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, por lo que la República Argentina presentará escrito de apelación, habilitándose que otros Estados puedan presentarse en calidad de 'amicus curiae' en apoyo de dicha apelación", señaló la resolución del gobierno uruguayo, firmada por Orsi y por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone.

Para la gestión del Frente Amplio (FA), es "relevante continuar apoyando en las próximas etapas procesales a la República Argentina, contra una decisión que sienta un precedente negativo a los intereses de los Estados en futuros litigios ante los Tribunales de Estados Unidos"; razón por la cual acompañará la apelación contra el fallo de Preska del 30 de junio —que ordena la entrega de las acciones— y ya se designó al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, "para llevar adelante las coordinaciones" con el gobierno vecino, "a efectos de elaborar y suscribir el escrito de 'amicus curiae'".

¿Qué significa que Uruguay sea "amicus curiae" de Argentina?

La expresión "amicus curiae", como muchas de la jerga del derecho, proviene del latín. Su traducción literal es "amigo de la corte" y se trata de una presentación escrita que realiza un tercero ajeno a un litigio con el objetivo de ofrecer voluntariamente su opinión, información o perspectiva sobre algún aspecto del caso. Quien presenta este escrito no es parte del juicio, pero posee un interés justificado en el resultado del mismo.

En este caso, el gobierno uruguayo participará en la apelación a la orden de entrega de las acciones de YPF —por el momento, no en la apelación contra la sentencia en primera instancia de 2023 que condenó al Estado argentino—, bajo el argumento de evitar sentar precedentes negativos a los intereses de los Estados en futuros litigios que tengan lugar en Estados Unidos.

La misma explicación ofrece la administración Trump para involucrarse: considera que el fallo va en contra de la inmunidad soberana, un principio clave del derecho internacional, en tanto infringe las normas que protegen los bienes de un Estado de ser embargados por tribunales de otro país, sobre todo si esos activos no se encuentran físicamente en la jurisdicción del tribunal que emite la orden.

Asimismo, la función del "amicus curiae" es asistir al tribunal para que tome una decisión más informada y precisa. El escrito aporta argumentos, datos técnicos o consideraciones legales que pueden enriquecer el análisis de los jueces más allá de los alegatos presentados por los demandantes y demandados. Esta tarea estará a cargo del prosecretario Díaz, tal y como se explicitó en la resolución firmada por Orsi y Oddone.

La decisión judicial en torno a esta apelación se conocerá el lunes 27 de octubre; mientras que la apelación a la sentencia de 2023 podría resolverse en los primeros meses de 2026.