¿Cuáles serían las consecuencias económicas si se aprueba el plebiscito, según especialistas?

El organismo público confirmó que se obtuvo el 10% del padrón electoral y se votará en las elecciones de octubre, por lo que resurgen los temores.

La Corte Electoral validó las firmas necesarias para llevar el plebiscito a votación en octubre.

Foto: @PITCNT1

La Corte Electoral finalmente procesó las firmas necesarias para validar el plebiscito por la reforma de la seguridad y el tema volvió a entrar en agenda, tanto política, como económica.

La propuesta, que generó fuertes críticas desde el oficialismo, plantea que la edad jubilatoria mínima empiece a ser de 60 años, mientras que el haber previsional pasaría a estar atado al salario mínimo nacional.

Otro de los ejes de la iniciativa es la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional. Teniendo en cuenta estos lineamientos, ¿Cuál sería el impacto de una eventual aprobación del plebiscito en las votaciones generales de octubre para la economía uruguaya?

¿Una posible pérdida de bonificaciones?

En diálogo con Ámbito, la abogada Senior del Departamento Legal-Sector Laboral y contencioso de KPMG Uruguay, Lucía Cabrera, explicó cual es el papel que hoy cumplen las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, hoy cuestionadas en su funcionamiento por esta campaña.

“La AFAP es una empresa privada que tiene como único objetivo la administración de los fondos de ahorro previsional, es decir, la administración del dinero que llega por los aportes de los trabajadores. Esto implica que la AFAP hará inversiones sobre ese dinero que administra", señaló, y agregó que "todo este accionar está controlado por el Banco Central", por los que "no tienen una libertad para hacer lo que quieran, está por ley determinado qué inversiones pueden hacer, cuáles no, y también tiene un arduo control por parte del Banco Central de que se realice efectivamente y se cumpla con toda la normativa".

Según la experta, las AFAP tienen "el rol de buscar inversiones, realizar las inversiones y obtener rentabilidad por esas inversiones que hoy en día está en promedio anual del 3%". "Es su único rol, una vez que la persona cumple con algún requisito para percibir el dinero, la AFAP paga ese dinero, salvo en caso de jubilación, donde la administradora remit los fondos a una aseguradora que hoy en día es solamente el Banco de Seguros del Estado (BSE) y éste quien hace el pago”, explicó.

Cabrero agregó que “una de las propuestas principales del plebiscito de reforma constitucional es justamente la eliminación de la AFAP": "Esto implicaría la vuelta al sistema único, es decir, la eliminación del sistema mixto, que implica que va a ser administrado únicamente por cada entidad particular, el Banco de Previsión Social (BPS)".

Aumento del gasto público y suba de impuestos

El efecto más palpable de la posible reforma constitucional sería un fuerte incremento del gasto público, de manera instantánea, debido al anclaje del haber mínimo al salario mínimo nacional.

Para afrontar ese costo, “se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año”, detalló el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, estimando el cálculo en 1,5% del PIB.

En tanto, la baja de 5 años en la edad jubilatoria representaría un aumento de cerca de 3.000 millones de dólares, incluyendo al BPS, así como las cajas Militar, Policial y Paraestatal, equivalente al 4% del PIB.

Al mismo tiempo, hay consenso entre los economistas en que la modificación supondría un aumento del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE), el Impuesto al Patrimonio y las franjas más altas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que implicaría “serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”.

Uruguay podría perder el grado inversor

Si los uruguayos validaran los cambios en consulta popular, podría afectar la visión internacional sobre la seguridad jurídica y claridad en las reglas del juego de país, mellando la confianza internacional y afectando las inversiones.

“Uruguay es un país que se caracteriza por dar certeza jurídica y así el gasto en jubilaciones y pensiones se va a disparar. Corremos el riesgo de perder el grado inversor”, sostuvo al respecto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Consecuencias de la eliminación del sistema mixto

"La eliminación de todas aquellas cuestiones que introdujo la existencia de la AFAP, como la posibilidad de obtener una bonificación o un beneficio mayor a raíz de las rentas que se obtienen por las inversiones que realiza la administradora con los aportes": "Cuando un afiliado aporta al BPS, luego va a recibir una prestación según lo que aportó. Sin embargo, respecto a la AFAP, lo que hace con el dinero que recibe del aporte es realizar inversiones que generan renta, que implica que luego se va a tener un beneficio adicional por un monto mayor en cuanto a la jubilación”, sostuvo Cabrera.

La abogada de KPMG mencionó otros beneficios del actual sistema como “la inexistencia de topes, ya que la jubilación depende directamente del monto aportado en la cuenta individual". "No pasa lo mismo respecto a la jubilación por la parte BPS, donde hay un tope sin perjuicio de que la persona haya aportado mucho más durante su vida, va tener un tope jubilatorio que ahora más o menos está en unos 80.000 pesos”, afirmó.

Posibilidad de juicios al Estado

Este escenario dispararía la inseguridad jurídica “no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAPs, sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, advirtió el socio de Exante, Pablo Rosselli.

Algo similar opinó Munyo, quien agregó que “es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP”, estimado en 22.000 millones de dólares. A su vez, anticipó que “las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados”.

El director de Ceres consideró que, de aprobarse, la iniciativa de la central sindical implicaría una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. “Las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional”, sostuvo.

Munyo indicó que eso tendría un efecto regresivo en la distribución del ingreso. “Los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”, planteó.

En esa línea, Rosselli planteó que “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”. En paralelo, argumentó que “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años, las de menores deberán trabajar más allá de esa edad”.