Déficit fiscal: número y letras

La discusión fiscal y presupuestal es central este año. Desafíos económicos y desafíos políticos.

El desafío de bajar el déficit fiscal y crecer desvela al gobierno.

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El déficit fiscal se mantuvo estable en el año móvil a abril, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La información del MEF muestra que el déficit (tomando Gobierno Central + BPS) se ubicó en 3,2% del PIB; es una décima menos que en el cierre de 2024, cuando quedó en 3,3%.

La tendencia a un menor déficit es una buena noticia, pero no hay que echar campanas al vuelo: si bien la economía está mostrando un buen desempeño en el arranque de este año (la actividad avanzó 3% en el primer trimestre), y la cosecha agrícola y el encarecimiento de Argentina ayudarán en este 2025, hay gastos millonarios que el nuevo gobierno debe afrontar y que no estaban previstos.

En efecto, en la Rendición de Cuentas 2024, enviada esta semana al Parlamento, se prevén gastos adicionales en varios renglones para este año. Por un lado, un crédito adicional para ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) por $ 2.600 millones (unos u$s 62 millones), para afrontar cuentas por pagar (el gobierno actual cuestionó al anterior por esta “deuda flotante”). Asimismo, el gobierno deberá erogar unos u$s 144 millones por los pagos correspondientes al Grupo Vía Central por el Ferrocarril Central, pagos correspondientes a los años anteriores que el gobierno previo negoció, pero no efectuó. Estas dos partidas suman más de u$s 200 millones, casi 0,3% del PIB. Además, se prevén partidas para afrontar fallos judiciales contra el MSP por medicamentos de alto costo, aunque esto no tiene una cifra definida.

En la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas el gobierno actual reitera las críticas al anterior por estos pagos pendientes y otros (juicio Pluna, nuevos CAIF y refugios, etc), que -argumenta- redujeron el déficit real en 2024 y aumenta el proyectado para 2025. En concreto, la proyección del déficit fiscal del Gobierno Central y BPS para 2025 se ubica en 4,1% del PIB (gráfica). Es un drástico aumento de casi 1% del PIB respecto al dato actual.

En palabras del propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, “la situación fiscal es desafiante, pero manejable”. Obviamente, el gobierno -y particularmente el ministro- tienen desafíos políticos. El mercado financiero (local y global) observa con detenimiento cómo se desempeña Uruguay en este primer año de gobierno, y lo que va a ser la próxima discusión presupuestal. El país tiene la mejor calificación de riesgo de su historia y eso es porque -más allá de los vaivenes y las circunstancias del ciclo económico- ha honrado sus compromisos financieros y ha hecho una gestión razonable de las cuentas del Estado. El equipo económico se plantea reducir el déficit en un proceso gradual que combine priorización de ciertos gastos, contención de los gastos generales y aumento en la tasa de crecimiento de la economía, que permita reducir el déficit en relación al PIB a lo largo de los años de esta nueva administración.

La proyección de aumento en el déficit fiscal genera preocupación, pero -al mismo tiempo- seguramente permitirá alinear a los legisladores oficialistas con el objetivo descripto. Más todavía cuando aún no está claro cuál va a ser el desenlace de la discusión sobre la Caja Profesional, que implicará gastos adicionales para el Estado. En la cifra global de gastos y déficit no es algo que vaya a cambiar drásticamente el panorama, pero todo suma y el que hace la cuenta total es el Ministerio de Economía.

En cualquier caso y a pesar de la incertidumbre externa que plantean las economías regionales y la economía global, hay espacio para cierto optimismo. El presidente Yamandú Orsi y sus colaboradores más cercanos, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, han reiterado el compromiso de no aumentar los impuestos (aunque el factor “X” en los combustibles está al borde de reglamento); a su vez, en varias áreas se proponen racionalizar gastos y potenciar herramientas que ya están activas y ejecutándose. Es el caso de la política de vivienda, también de lo que se está planteando en el ámbito de la educación y lo que se plantea en la política de innovación y desarrollo tecnológico, donde la nueva Secretaría de Innovación buscará mejorar la coordinación de las distintas herramientas e instituciones y potenciarlas. El espacio para aumento de gastos es restringido.

Con este escenario, tal vez el punto clave es cómo la economía logra sostener un crecimiento razonable y -si es posible- aumentarlo. Hay sobrados diagnósticos de los problemas de competitividad del Uruguay, lo que obliga a aplicar mecanismos de promoción de inversiones de amplio alcance para promover los nuevos emprendimientos, en particular los de escala relevante para la economía. Estos mecanismos implican, esencialmente, exoneraciones de impuestos. Dada la situación fiscal, el equipo económico se propone revisarlos cabalmente; pero el riesgo es que eso reduzca la dinámica de inversiones y actividad.

Para salir de ese círculo vicioso de falta de competitividad, exoneraciones de impuestos amplias y -por tanto- mayor déficit, es necesario apuntar a una mejora sistémica de la competitividad, abriendo espacios para un mayor despliegue de la productividad y la generación de valor. Aquí entran en juego políticas que van más allá de lo fiscal: la política educativa y de formación, la política comercial, y la política salarial y laboral. Habrá que ver si la agenda en estos capítulos se alinea con los objetivos del equipo económico.