El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, aprobó un plan para devolver los fondos a los clientes del Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A., luego de que la autoridad monetaria resolviera el cierre de la corredora de bolsa.
El Banco Central del Uruguay aprobó el plan para que los clientes de GBU recuperen sus activos
El plan de trabajo propuesto por la interventora de la corredora de bolsa plantea también el cobro de una "comisión por traspaso de valores".
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El Banco Central del Uruguay aprobó el plan para que los clientes de GBU recuperen sus activos.
La alternativa fue propuesta por la contadora Ana Chaves, que actúa como interventora de GBU luego de que el Banco Central resolviera sancionar a la corredora "con la cancelación de sus actividades y el retiro de la autorización para funcionar"; y fue aprobada por la Superintendencia el pasado 23 de abril, aunque la resolución se divulgó recientemente.
La misma consiste en devolver a los clientes los fondos que fueron retenidos con el cierre de la empresa a través de "un plan de trabajo detallado" que también avance en el cierre definitivo de la corredora de bolsa: "En síntesis, prevé avanzar significativamente en los próximos 90 días en la atención y devolución de la mayor cantidad posible de cuentas, disminuyendo luego la dotación actual de personal hasta llegar a un mínimo operativo para dar cierre a la liquidación de los activos más complejos, devolver el local y dar seguimiento remoto para las últimas gestiones pendientes", sostuvo Chaves en una nota del 1° de abril pasado, de la cual da cuenta la última resolución del BCU al respecto.
Para ello, la contadora e interventora planteó también que "para cubrir los costos operativos de la cancelación de actividades y la devolución de fondos de clientes, se cobrarán comisiones por traspaso de valores a razón de 25 dólares más IVA por cada valor, siendo las mismas el 50% de lo estipulado en el tarifario de GBU firmado por los clientes".
Según el documento de la Superintendencia de Servicios Financieros, GBU tenía fondos por unos 181.000 dólares, aproximadamente, "con los que se debía hacer frente a los gastos de funcionamiento de la entidad (pago de proveedores, pago de sueldos, honorarios, impuestos y, posteriormente, indemnizaciones por despidos)".
"El plan de trabajo se considera apropiado", estableció el documento del BCU, que también consideró "razonable" el cobro de comisiones a los clientes "por traspaso de valores resulta válido y pertinente en atención a que el servicio de custodia fue prestado y a la situación financiera puesta de manifiesto".
La intervención del GBU
El BCU resolvió en enero intervenir el GBU debido a una situación de conflicto de intereses entre el presidente y único integrante del directorio, el contador Álvaro Correa, en relación a un conjunto de operaciones irregulares que podrían llegar a ser tipificadas como delito.
A través de la Resolución D-1-2025, el directorio del Banco Central designó como interventora a Chaves, a la vez que suspendió todas las actividades de la empresa y sustituyó a todas sus autoridades. Asimismo, determinó inmovilizar los activos propios y de clientes en cuentas a nombre de dicho intermediario de valores.
En la resolución también se instó a la compañía a “notificar fehacientemente, en forma inmediata a cada uno de sus clientes y a las entidades con las que opera” sobre los determinado por el BCU, así como a “hacer entrega inmediata a la Superintendencia de Servicios Financieros de la siguiente información: detalle de los saldos de efectivo y valores de las cuentas de cada uno de sus clientes y detalle de los saldos de todas las cuentas en bancos, brokers, intermediarios de valores y toda otra entidad financiera con la cual mantenga contratos vigentes, indicando especialmente aquellas en las cuales mantenga efectivo y valores propios o de terceros".
Finalmente, la autoridad monetaria dio cuenta de los hechos constatados a la Fiscalía "ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".
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