“El contexto nos obliga a pensar el mundo del trabajo con lentes violetas, porque la economía necesita a las mujeres para ser mejor", afirmó Mariana Chiquiar.
El gobierno apunta a la reducción de la brecha de género en el empleo como un tema de "inteligencia económica".
El gobierno anunció días atrás la ley de Empleo Integral para reducir el desempleo en sector vulnerables de la sociedad uruguaya, y uno de los grupos poblacionales claves son las mujeres: “Pensar en la igualdad de género no es solo un tema de justicia, sino de inteligencia económica”, afirmó la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, en diálogo con Ámbito.
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Uruguay logró importantes avances en términos de reducción de la brecha de género en el empleo: durante 2025, el 75% de los nuevos puestos de trabajo que se crearon el país —19.000 de un total de 26.000— fueron ocupados por mujeres y se alcanzó la tasa de empleo femenino más alta de la historia, con una cifra que alcanzó el 52,7% en diciembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer.
“Si bien es cierto que en 2025 rompimos una tendencia pospandémica de brecha de empleo creciente entre hombres y mujeres y es muy importante, no nos conforma, porque cuando miramos la foto completa, es un dato que convive con brechas estructurales muy profundas ”, consideró al respecto Chiquiar que, además de ser la segunda al mando de la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es doctoranda y magíster en Economía y Desarrollo Territorial. En ese sentido, señaló que “la brecha laboral sigue siendo de casi 16 puntos”, mientras que la tasa de desempleo asciende al 9% entre las mujeres —entre las más jóvenes escala hasta casi el 30%—, más alta que entre los varones y cuando en el promedio de la economía está en el 7,4%.
A estas cifras, además, se le suman otras formas de precariedad laboral que han crecido, como el subempleo y la informalidad, que están por encima del 21% en las mujeres ocupadas; y la situación se agrava al incorporar otros cortes como, por ejemplo, la perspectiva interseccional, ya que el dato se eleva hasta casi el 30% entre las afrodescendientes.
“Y para tener la foto completa, tenemos que tener en cuenta el trabajo no remunerado, porque las mujeres dedican casi el doble de tiempo a estas tareas que los varones. Las dinámicas familiares no han cambiado lo suficiente, como sí lo hicieron algunas dinámicas del mercado, por lo que muchas terminan con una doble jornada al final del día”, agregó Chiquiar: “No es un dato menor ni una cuestión privada, porque quedan atrapadas en trabajos que son más flexibles, más precarios y menor pagos”.
Para Chiquiar, así como para toda la gestión del gobierno del Frente Amplio (FA), es necesario visibilizar “que gran parte del trabajo que sostiene la economía y la vida cotidiana se apoya en el trabajo de las mujeres que trabajan y que cuidan para que otros y otras salgan a trabajar”.
“Pensar en la igualdad de género no es solo un tema de justicia, sino de inteligencia económica”, insistió la subdirectora de Empleo. Basta con ver que las desigualdades no se explican promedialmente en la formación, ya que dos de cada tres egresados universitarios son mujeres; en contrapartida, según datos de la ONU, no existe casi ninguna rama de alto nivel de productividad en la que la participación femenina supere el 50%.
A esto se le suma que la brecha salarial de género, en Uruguay, ronda el 21%. “Y hay que ver cómo eso se refleja en una cuestión muy presente en la palestra pública, como la pobreza infantil, que no se puede pensar disociada de la feminización de la pobreza: el 18% de los hogares de mujeres y niñas están bajo la línea de la pobreza”, señaló Chiquiar. De hecho, los registros oficiales señalan que el 70% de los hogares pobres tienen jefatura femenina y que, de ese total, el 80% tiene menores a cargo.
“Ese contexto nos obliga a pensar el mundo del trabajo con lentes violetas y entender que la economía necesita a las mujeres para ser mejor. Hay un campo de oportunidad muy grande para seguir creciendo, y el Estado debe dar respuesta desde las políticas públicas a esos desafíos”, afirmó la subdirectora de Empleo.
Una acción concreta en esta dirección es la nueva ley de Empleo Integral que impulsa el gobierno. Según explicó Chiquiar, la revisión de los instrumentos vigentes de promoción de empleo de forma territorial e intersectorial dentro del Estado llevó a “repensar las poblaciones sobre las que estaban definidos los apoyos”: “La ley vigente hoy tiene priorización sobre jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. No quitamos ninguno de esos grupos, pero sí incorporamos nuevos que nos parecen fundamentales”, señaló.
Entre las incorporaciones estás las personas trans; las afrodescendendientes; las privadas de libertad, liberadas o con medidas alternativas —”por las dificultades que tienen de reinserción laboral y de construir un proyecto de vida después del egreso del servicio penitenciario”—; y también las mujeres jefas de hogares monoparentales. “Es importante trabajar en generar mayores oportunidades para ese colectivo que tiene enormes barreras de acceso al mercado de trabajo por una sobrecarga de cuidados que hace difícil compatibilizar un empleo formal. Una herramienta como esta nos permite comenzar a minimizar también la pobreza infantil, porque necesitamos condiciones materiales para mejorar la calidad de vida”, apuntó la subdirectora.
La ley en cuestión contempla una serie de subsidios para la contratación de personas de los grupos priorizados; es decir, el Estado se hace cargo de entre el 25% y el 80% del salario de quienes cumplan estos requisitos e ingresen a nuevos puestos de trabajo. Otro aspecto interesante desde el punto de vista de la igualdad de género es que hay un incentivo mayor para la contratación de mujeres en general, dentro de los grupos antes mencionados.
“Esto está estrictamente vinculado con el panorama de las desigualdades del mercado de trabajo que hacen que tengamos que generar acciones afirmativas para la contratación de mujeres”, señaló Chiquiar, para quien los rechazos a este tipo de iniciativas están “basados en prejuicios y en discursos de odio más que en datos de la realidad concreta”: “La realidad es que un Estado presente que intente trabajar por los derechos de todas las personas y generar garantías tiene que minimizar las barreras que encuentra y las desigualdades que el sistema promueve”.
Otro aspecto sobre el cual puso el foco la jerarca, y en el que también hace énfasis la nueva ley de Empleo Integral, son las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). “Casi el 50% de los contratos desarrollados con la ley anterior fueron de grandes empresas, mientras que, hoy en día, la titularidad y el liderazgo femenino es más frecuente en las mipymes que en las grandes compañías, donde su presencia en los puestos de decisión disminuye muchísimo”, apuntó. Asimismo, son las mujeres quienes emprenden en mayor medida, en tanto encuentran en este tipo de negocios una manera de compatibilizar la generación de ingresos con las tareas de cuidado.
“Los datos muestran que no es un discurso de unas pocas feministas radicales sino una realidad de las mujeres de todos los días. Y es también una decisión de carácter económica, porque la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo genera una pérdida de PIB per cápita del 12%. Es necesario avanzar en acciones positivas para atraer a esas mujeres al mercado y tener un resultado económico mejor”, afirmó Chiquiar.
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