El gobierno define los detalles para la reformulación del proyecto Arazatí

El Ejecutivo alcanzó un acuerdo con el consorcio privado para rediseñar la obra, que ahora se construirá en Aguas Corrientes.

El gobierno hará oficial la reformulación del proyecto Arazatí.

Foto: Presidencia

El gobierno anunciará este viernes un acuerdo con el consorcio Infraestructura Arazatí, integrado por Saceem, Berkes y Ciemsa, para reformular el proyecto de planta potabilizadora que inicialmente iba a instalarse en Arazatí, San José, y que ahora se trasladará a una zona cercana a Aguas Corrientes.

La noticia fue confirmada por fuentes del Ejecutivo, luego de una reunión clave mantenida este jueves en Torre Ejecutiva entre el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri.

El nuevo diseño implicaría una infraestructura capaz de potabilizar hasta 200.000 metros cúbicos de agua por día con una aductora de unos 40 kilómetros para abastecer a la zona metropolitana, incluyendo Montevideo. El cambio de ubicación del proyecto fue una de las condiciones negociadas por la administración de Yamandú Orsi, que había cuestionado desde el inicio el emplazamiento en Arazatí, aprobado por el gobierno anterior.

Las partes ofrecerán una conferencia de prensa este viernes a las 19:30 para comunicar los detalles del nuevo entendimiento. El acuerdo también incluye la decisión de avanzar paralelamente en la licitación de la represa de Casupá, en Florida, que sigue siendo una prioridad para el gobierno como alternativa para diversificar las fuentes de abastecimiento de agua potable.

Los cambios en el proyecto Arazatí

El cambio de rumbo en el proyecto Neptuno se consolidó justo antes del vencimiento del plazo de 90 días fijado para renegociar el contrato original, que se firmó el pasado 23 de enero durante la administración Luis Lacalle Pou. Ese acuerdo, cuestionado por las nuevas autoridades, preveía una planta potabilizadora en Arazatí que fue resistida por sectores políticos, organizaciones sociales y actores técnicos por razones ambientales y estratégicas.

Con el acuerdo que se oficializará en las próximas horas, el gobierno busca mantener el impulso a una infraestructura considerada esencial, pero bajo nuevos términos que contemplen criterios de sustentabilidad, eficiencia y consenso político. La continuidad del consorcio privado como actor en el rediseño del proyecto permite, además, evitar una ruptura contractual que habría implicado posibles litigios o indemnizaciones.

Todo indica que el nuevo proyecto será presentado como una solución de transición mientras se avanza con la obra en Casupá, cuya viabilidad ambiental y técnica también es monitoreada de cerca. Según confirmaron fuentes oficiales, el rediseño no implicará una licitación nueva, sino una reformulación del contrato vigente con ajustes en los plazos, ubicación y características de la obra.