El gobierno evalúa dar marcha atrás con el régimen de licencias médicas de COFE tras la fuerte resistencia sindical

El MTSS instalará un ámbito de conciliación en el que también participará la OPP para dar un discusión "de forma seria".

El gobierno analizará en un ámbito de conciliación el régimen de licencias médicas para empleados públicos.

El gobierno de Yamandú Orsi se apresta a dar marcha atrás con el régimen de licencias médicas para empleados públicos establecido hace un año a partir de la instalación de un ámbito de conciliación con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el gremio que se ha opuesto fuertemente a los nuevos controles sobre los permisos.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, justificó la decisión en una recomendación que dio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de una denuncia realizada por COFE. “No sé si es marcha atrás, lo que hay que hacer es discutir de forma seria”, aseguró el jerarca.

Empresarios y opositores no ocultaron, desde el triunfo electoral de Orsi, su preocupación por que el nuevo gobierno del Frente Amplio (FA) fuera proclive a priorizar la agenda gremial. Históricamente, la coalición de izquierda se ha expresado en sintonía con la central sindical —y viceversa—; y la designación de Castillo al frente del MTSS terminó de confirmar que, en la nueva gestión, las demandas sindicales tendrían un mayor recepción que en el quinquenio previo.

Por esa ello, no sorprendió que se pusiera pronto sobre la mesa el régimen de licencias médicas implementado por la administración de Luis Lacalle Pou que denunció al anterior como ineficiente y costoso debido a la falta de controles y el abuso existente en las licencias que, hasta abril de 2024 —cuando comenzó la implementación gradual del nuevo esquema— permitía no descontar el salario por ausencia si se presentaba un certificado por enfermedad.

El nuevo régimen puso un límite de solo nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año —de manera alternada o consecutiva—; mientras que, a partir del décimo día, los trabajadores públicos tienen derecho al subsidio equivalente al 75% o 100% del salario, dependiendo de varios factores.

Esto fue fuertemente resistido desde COFE, que llevó a cabo distintas protestas, paros y hasta la junta de 14.000 firmas de empleados públicos con el objetivo de recurrir el decreto presidencial en cuestión; antes de presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ahora, el gobierno frenteamplista, desde el MTSS, tiene pensado cumplir con la recomendación de la OIT que no solo hizo lugar a la denuncia sindical, sino que instó a la implementación de un ámbito de conciliación.

“Hay que discutir de forma seria, a partir de tener valoraciones, de cuánto están las estadísticas, cuánto hay de cierto, cuánto hay de implicancias en la enfermedad, cuántas de esas enfermedades efectivamente son reales y en vez de tener un efecto sancionatorio, tener un efecto de cómo tratamos de que los trabajadores y las trabajadoras se enfermen menos”, sostuvo Castillo al respecto, y remarcó que hay que “reconsiderar el tema y someterlo a la discusión” .

El gobierno sigue de cerca a los sindicatos y viceversa

No solo la agenda del gobierno sigue de cerca la agenda sindical, sino que el PIT-CNT también tiene interés dentro de su temario respecto de los planes del oficialismo. La mira está particularmente puesta en la ley de Presupuesto, así como en los Consejos de Salarios y en el diálogo sobre la seguridad social.

“Estamos apurando un poco el tranco para ver cómo podemos ir definiendo algunas cuestiones”, comentó al respecto el vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López, a El País.

Crecimiento salarial, ingreso de personal al Estado y evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos serán algunos de los puntos clave. Esto, en medio del debate que se abrió en torno a la desindexación salarial planteada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Gabriel Oddone; propuesta que no solo tiene el rechazo sindical, sino también el desacuerdo en las primeras filas del Frente Amplio.

Desde el PIT-CNT no proyectan un año de “alta conflictividad”, considerando que el gobierno “acaba de asumir”; pero no descartan que hay temas sobre la mesa que destacan por su complejidad. “Dependerá de la actitud del gobierno y de cómo marchen los ámbitos de negociación, tanto con el sector público como con el privado, para ver hasta dónde se puede elevar la conflictividad”, apuntó López.