El gobierno levanta la alerta roja por frío extremo tras 90 días de operativo en las calles

El operativo habilitó evacuaciones forzosas que generaron debate y fue implementado tras una seguidilla de muertes durante el crudo invierno

La finalización de la alerta roja por frío marca la transición hacia políticas integrales adaptadas a las condiciones primaverales.

Foto: gentileza Sinae

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que el operativo de alerta roja para personas y animales en situación de calle finalizará a fin de mes, tras cumplirse 90 días desde su implementación el 23 de junio pasado.

"Cuando se termine el invierno el alerta roja no tiene sentido y habrá un proceso de retiro y una política mucho más integral, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) seguirá trabajando", explicó Sánchez, adelantando que el gobierno desarrollará nuevos mecanismos para abordar la situación durante la primavera.

En la noche del sábado, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) brindó asistencia a 2.641 personas en situación de calle: 1.853 en Montevideo y 788 en el interior del país. De ese total, 2.170 fueron atendidas en refugios del Mides y 471 en centros de evacuación especiales.

La Policía Nacional realizó 160 traslados a nivel nacional, sin necesidad de recurrir a internaciones compulsivas ni registrarse detenciones en el marco de evacuaciones forzosas, según el informe oficial.

El costo del operativo

El operativo de emergencia, según datos extraídos por la investigación del medio periodístico Búsqueda, generó un gasto extraordinario de 3,2 millones de pesos para el Estado, cifra que está por fuera de los recursos regulares que disponían los ministerios involucrados en la coordinación interinstitucional.

Esta inversión adicional se suma a los gastos permanentes que realizan las carteras para la atención de personas en situación de calle, especialmente el MIDES con su red de refugios y programas sociales.

El origen del decreto y la seguidilla de muertes

La alerta roja fue decretada tras una serie de fallecimientos de personas en situación de calle durante el crudo invierno, lo que motivó al gobierno a implementar un marco legal que permite el traslado forzoso de personas desde la vía pública, incluso cuando rechazan la asistencia estatal.

El decreto habilitó recursos excepcionales como la internación compulsiva y las evacuaciones obligatorias, medidas que generaron debate sobre el equilibrio entre protección de personas vulnerables y respeto a la autonomía personal.

Transición hacia nuevas políticas

Sánchez indicó que se trabajará en "una política mucho más integral" que mantenga el compromiso estatal con esta población vulnerable, pero con un enfoque de largo plazo y metodologías diferentes a las utilizadas durante la emergencia invernal.

La finalización de la alerta roja marca el cierre de un capítulo controvertido pero necesario, según el gobierno, en la atención de una problemática social compleja que requirió de respuestas sostenidas más allá de las medidas de emergencia.