La Dirección General Impositiva (DGI) estimó que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubica en torno al 20%, mientras que en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) trepa a un rango de entre 40% y 50%, más cerca de este último número.
La DGI estima que la evasión del IRAE en las empresas llega hasta el 50% y promete ajustar controles
El organismo achicará los márgenes de incumplimiento mediante un seguimiento más estrecho a las grandes firmas y la neutralización de redes de facturas falsas.
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Las estimaciones de la DGI ubican la brecha en el IVA en torno al 20%, una cifra que se busca reducir hacia el cierre del período de gobierno.
El director de la DGI, Gustavo González Amilivia, en una entrevista con radio Carve, explicó que la mejora en la eficiencia recaudatoria planteada por el equipo económico como uno de los pilares del programa financiero del gobierno se apoya justamente en la posibilidad de reducir esos niveles de evasión. "El margen existe porque en los principales impuestos que administra la DGI (...) hay niveles de evasión que son pasibles de ser reducidos", señaló. El jerarca precisó que el organismo mide la evasión en forma sistemática en IVA y en renta corporativa, y que las metas de mejora en la recaudación son consistentes con objetivos concretos de reducción de esas tasas hacia el final del período de gobierno.
El director aclaró que se trata de estimaciones sujetas a incertidumbre, ya que la evasión "es un fenómeno oculto" que se mide bajo distintas condiciones cada año, por lo que las cifras pueden variar de una medición a otra.
Las facturas falsas, uno de los principales focos de evasión
Consultado sobre los mecanismos más frecuentes, González explicó el fenómeno de las llamadas facturas ideológicamente falsas, que utilizan contribuyentes de IVA o de renta para documentar créditos fiscales con operaciones que en algunos casos no son reales. Según detalló, se trata muchas veces de empresas creadas específicamente con ese propósito, que operan solo por uno o dos meses emitiendo facturas antes de desaparecer. "Hay personas que venden ese servicio", afirmó, y explicó que el mecanismo abarca rubros de actividad muy diversos.
El jerarca distinguió dos usos de esta práctica: por un lado, contribuyentes que la utilizan para formalizar compras reales a proveedores informales; por otro, casos en los que se documentan directamente operaciones inexistentes.
González detalló que la División Grandes Contribuyentes, que da un tratamiento específico e intensivo a un grupo acotado de empresas, administra actualmente a 350 contribuyentes, que concentran cerca del 45% de la recaudación total. Ese número se ampliará a 500 hacia fin de año, lo que representará un 50% de la recaudación, y la aspiración es llegar a 800 contribuyentes en los próximos años. El resto de la recaudación, señaló, está mucho más atomizada y requiere sumar decenas de miles de empresas para alcanzar proporciones similares.
El modelo de fiscalización "como un embudo"
Respecto a los cuestionamientos históricos sobre supuestos excesos en las inspecciones, González sostuvo que el modelo de fiscalización que aplica actualmente la DGI funciona "como una suerte de embudo". Antes de llegar a una fiscalización, existe un conjunto de acciones previas orientadas a que el contribuyente mejore su comportamiento, y la fiscalización directa llega recién como respuesta a estímulos previos que no dieron resultado. Situaciones más excepcionales, como el efecto sorpresa o algún allanamiento, dijo, se reservan para casos de fraude tributario o maniobras organizadas específicamente para no pagar impuestos, como las empresas de papel creadas para emitir facturas falsas.
El director confirmó que la DGI colabora con el sistema de lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado aportando información e inteligencia, aunque aclaró que el organismo no lidera esa estrategia. Señaló que cuando aparecen situaciones sospechosas de lavado, la DGI las señala y aporta la información correspondiente a la Secretaría Antilavado.
Un nuevo modelo de servicio segmentado por tipo de contribuyente
Consultado sobre los cambios previstos para los próximos meses, González anticipó que la DGI está trabajando en un modelo de servicio que segmenta a los contribuyentes según la complejidad de sus obligaciones y sus capacidades de gestión, con ejecutivos de atención personalizada como referentes para cada segmento.
El jerarca explicó que el organismo buscará concentrar en sí mismo las tareas donde tiene ventajas comparativas, como el procesamiento de información a escala, incluyendo la confección de propuestas de declaración jurada, mientras que la asesoría en la toma de decisiones seguirá dependiendo del vínculo de cada contribuyente con sus asesores tributarios.
Desafíos de personal y tecnología de cara a la Rendición de Cuentas
De cara a la próxima Rendición de Cuentas, González reconoció que la DGI enfrenta desafíos tanto en el desarrollo de perfiles y habilidades del personal como en materia tecnológica. Dijo que el organismo está capacitando a sus equipos y que busca aprovechar las capacidades tecnológicas del país, sin poder adelantar anuncios concretos al respecto.
Consultado sobre la posibilidad de unificar la DGI con el Banco de Previsión Social (BPS), González descartó esa opción por la mayor complejidad del organismo previsional, aunque no descartó una eventual coordinación más estrecha con la Dirección Nacional de Aduanas. El jerarca remarcó que la DGI ya trabaja de forma coordinada con el BPS y con Aduanas en distintos procesos, como las retenciones complementarias de IRPF, bajo la lógica de que "el contribuyente es el mismo y el Estado es uno solo".
