La intendencia de Río Negro decidió dar de baja 11.000 multas por reclamos de los vecinos

El intendente Omar Lafluf reconoció que este negocio "no salió del todo bien" y el Partido Nacional pidió el resarcimiento de las personas que ya abonaron.

La intendencia había decidido quitar los radares este viernes. 

El departamento de Río Negro atraviesa una polémica por el excesivo cobro de multas por parte de la empresa privada tercerizada encargada de las infracciones; con esto, decidió dar de baja las 11.000 multas luego de un sostenido reclamos de los vecinos, además de no renovar con la empresa.

Sumado a los reclamos de los vecinos, varios representantes del Frente Amplio (FA) e integrantes del Partido Nacional (PN) se pronunciaron en contra de las acciones del departamento en conjunto con la empresa argentina Teslights, que, según los ciudadanos de Rio Negro, multaron excesivamente.

Frente a esto, el intendente de Río Negro, el nacionalista Omar Lafluf, decidió que dará de baja 11.000 multas que ya fueron notificadas pero aún no cargadas en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Sin embargo, “hay alrededor de 15.000 que no están ni convenidas ni pagas”, dijo el intendente pero que ya fueron ingresadas al Sucive. En ese sentido, el jefe comunal aseguró que “habrá que ver de qué forma cumplimos la licitación abreviada”.

Esto se le suma a la medida por parte de la intendencia que fue la de rescindir contrato con la empresa Teslights. El intendente de Rio Negro, Omar Lafluf, había decidido rescindir el contrato con la empresa privada, una medida que iba a comunicar el 16 de enero en la junta departamental.

Posteriormente, hará un llamado para una nueva licitación para que una empresa tome el lugar. "Estoy para defender a la gente, no a la empresa", aseguró el intendente. En paralelo, los denunciantes consideran un triunfo el hecho de que se haya rescindido el contrato a la empresa denunciada.

Una comisión que generó polémica

Otras de las situaciones que generó polémica es el hecho de que la empresa cobraba el 50% de cada multa, un acuerdo pactado entre la IRN y Teslights. Sin embargo, luego de las primeras movilizaciones por parte de los vecinos en cuanto al cobro de la empresa, la comisión se redujo al 35%.

En tanto, la defensa de la empresa es que los radares se encuentra validados por el LATU. “Las multas cobradas están bien cobradas, porque están avaladas por el organismo nacional que se encarga de medir si el control es real o no”, señaló Lafluf este martes, aunque admitió que el episodio "estuvo complicado".

En ese sentido, el intendente de Rio Negro se hizo cargo del caso. “Yo tengo 13 años de gobierno y he hecho muchas cosas que son muy buenas. Esta no salió bien del todo y lo tengo que reconocer”, reconoció.

Incautación y caso judicial

El viernes pasado la intendencia decidió quitar los radares de velocidad. El fiscal de segundo turno, Joaquín Suárez, solicitó al juez de feria incautar los equipos de fotomultas que estaban siendo retirados este viernes por la mañana por la empresa privada dueña de los aparatos luego de que los vecinos hayan presentado una denuncia judicial por las fotomultas excesivas.

Los vecinos consideraron que los aparatos eran prueba para la investigación judicial que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, desde la Fiscalía pidieron que se incauten los radares, un trabajo que llevó a cabo un grupo de Bomberos y de Policía Científica que llevarán a cabo la pericia correspondiente. La orden es para todos los aparatos, incluso aquellos que todavía se encuentran en las columnas.

"Se realiza un correcto y total relevamiento de las mismas y en primera instancia determinar si había autorización o no para el retiro de las mismas", aseguró el fiscal del caso a Subrayado.

La ciudadanía entiende que la incautación de los radares es la forma correcta de probar las irregularidades luego de haber denunciado multas excesivas. Los denunciantes, sostienen que los aparatos son material de contrabando y piden que la investigación llegue a una conclusión respecto al buen funcionamiento del sistema o si se facturaron miles de multas de manera ilegal.