La junta de firmas para el plebiscito del PIT-CNT se encuentra en la recta final

La iniciativa de la central sindical necesita juntar 270.000 firmas antes del 27 de abril para poder habilitar la consulta popular en los comicios de este año.

El plebiscito llegó casi a las 200.000 firmas.

La junta de firmas para el plebiscito para la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT esta llegando al objetivo con un número que ronda las 200.000 suscripciones; una iniciativa que genera rechazos por partes del gobierno y algunos especialistas de economía que aseguran que es una mala idea.

La fecha límite para que la iniciativa entre en la consulta popular a través de las elecciones a mitad de año es el 27 de abril y desde el PIT-CNT se encuentran convencidos de que llegarán al objetivo.

“Entendemos que vamos a llegar a la cantidad de firmas, vamos a superar (el mínimo) y podremos enfrentar el tema de la decantación de firmas que se descarten por cuestión de no coincidencia”, dijo la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) e integrante del comando de campaña, Karina Sosa, a El País.

La presidenta aseguró que la cifra concreta se comunicará luego de la Semana de Turismo, aunque adelantó que el ronda entre las 200.000 firmas.

La resistencia del gobierno

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, advirtió que las consecuencias del plebiscito del PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social incluyen la multiplicación por 4 del aumento del déficit, por lo que señaló que “lleva al colapso del sistema”.

Mieres se expresó así al comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento para exponer la visión del Ejecutivo sobre el mecanismo actual y los posibles riesgos de una aprobación de la propuesta del PIT-CNT, al calificar la recolección de firmas como “demagógica”.

Con respecto al fuerte incremento del déficit, que llegaría al 8%, el ministro consideró que eso obligaría “al aumento de impuestos o de los aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social”, mientras alertó que “eso reduciría los ingresos de los trabajadores y fomentaría la informalidad”.

Entre los posibles efectos tras la aprobación del plebiscito, Mieres enumeró que también provocaría “una caída del empleo y del poder adquisitivo”, al tiempo que “va a haber un componente inflacionario”.

Las razones de los especialistas

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, alertó que el plebiscito traería “al menos diez consecuencias negativas” para la economía uruguaya.

La primera de las consecuencias negativas sobre las que advirtió el CEO de Ceres es la suba del gasto por mayores pasividades. El economista alertó que “se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional”, argumentando que son recursos que el país no posee y que son equivalentes al 1,5 del PIB.

En segundo lugar mencionó un incremento del gasto por bajar la edad de retiro a 60 años, algo que supone una suba del gasto estimado en el entorno de los 3.000 millones de dólares, incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, equivalente al 4% del PIB.

Para Munyo, la tercera consecuencia negativa está vinculada a potenciales juicios al Estado y así lo graficó: “Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP (22.000 millones de dólares)”. Incluso, anticipó que “las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados”.

En paralelo, el texto plantea subir impuestos ante los costos extras. “La iniciativa sindical presupone un aumento de IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas de IRPF”, destacó, algo que consideró que traería “serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”.

Por otra parte, el director de Ceres consideró que la aprobación del plebiscito, que fue firmado por Carolina Cosse, generaría una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. “Las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional”, anticipó.

En paralelo, representaría efectos regresivos en la distribución del ingreso, ya que “los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”.

Munyo indicó que la propuesta reintroduce además “inequidades” al sistema. “Se da marcha atrás en la unificación de subsistemas (Cajas) con prestaciones diferentes para similares aportes, lo que fue un avance de la última reforma jubilatoria”, sostuvo.