Javier García acusó al oficialismo de querer "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou" y legisladoras oficialistas salieron al cruce por su participación en el contrato.
La oposición critica duramente la "decisión política" del gobierno con Cardama y el oficialismo apunta la responsabilidad de la administración previa.
El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas tipo OPV ante los "incumplimientos graves" por parte de la empresa adjudicataria; lo que despertó fuertes críticas por parte de la oposición y graves acusaciones contra la gestión del Frente Amplio (FA).
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Tras el informe de Bureau Veritas sobre irregularidades en el proceso de construcción de las patrullas oceánicas y varios meses de idas y vueltas luego de que se conociera sobre el posible "fraude o estafa" cometido por Cardama con la presentación de una garantía "trucha"; finalmente, Orsi anunció la recisión del contrato con el astillero español, en línea con "la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública".
La comunicación oficial, ya prevista en en el marco del Consejo de Ministros que se llevó a cabo esta mañana, no tardó en generar reacciones en la oposición. Sobre todo, desde el exministro de Defensa y actual senador por el Partido Nacional (PN), Javier García, quien sostuvo que la decisión estaba tomada "desde el inicio y es por una sola razón: política".
"El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de (Luis) Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior", enumeró, retomando las acusaciones de un presunto "revanchismo" político por parte de la administración del Frente Amplio. "El único objetivo es destruir", insistió en redes sociales, señalando que los actuales dirigentes "no tienen rumbo, tienen ánimo de romper".
Asimismo, García sostuvo que la recisión va a costar "carísimo por la demanda internacional que vendrá", y que "afecta la credibilidad jurídica del país". "Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país", lamentó.
Ane estas críticas de García, legisladoras del Frente Amplio salieron al cruce del exministro de Defensa, bajo la lupa también por su participación en un cargo de alta responsabilidad durante la adjudicación de la construcción de las patrullas oceánicas a Cardama.
Una de ellas fue la senadora Bettiana Díaz, quien sostuvo que "políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra". "El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y sobre todo los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude", agregó.
También la diputada Julieta Sierra le respondió a García, y diferenció las decisiones políticas que tienen "sustento jurídico por estar sumergidos en garantías truchas que eran las que permitía que el contrato estuviera vigente"; de aquellas que "se toman después de tener advertencias de todo tipo" respecto de ir "rumbo a una estafa" y que se toman igual. "¿Qué se esconde? Esperemos que la justicia lo determine pronto", cerró.
Otro de los dirigentes de la oposición que cuestionó la recisión del contrato con Cardama fue el exsenador y actual presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado.
"Enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política. Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente", advirtió quien disputó la presidencia contra Orsi en el 2024.
"Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay. El más completo respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa durante nuestro gobierno", agregó.
Por su parte, el exministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres: "Graves errores de procedimiento desde el principio que le van a costar muy caro al Estado. El Gobierno no ha actuado de acuerdo a derecho y se lo van a cobrar en la Justicia. Se van acumulando errores en todas las áreas en el afán de atacar decisiones del anterior gobierno", expresó, en línea con el discurso que también mantuvieron sus socios blancos de la Coalición Republicana.
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