29 de enero 2026 - 21:44

El Estado analiza reclamar hasta 28 millones de euros por el contrato con Cardama

El gobierno sostiene que Cardama nunca constituyó la garantía de reembolso exigida por contrato y se reserva el derecho de cancelar el acuerdo.

El contrato por 82 millones de euros quedó bajo la lupa del Ejecutivo, que evalúa rescindir el acuerdo y reclamar los pagos ya efectuados.

El contrato por 82 millones de euros quedó bajo la lupa del Ejecutivo, que evalúa rescindir el acuerdo y reclamar los pagos ya efectuados.

Foto: Astillero Cardama

El gobierno acusó al astillero español Cardama de haber incurrido en un "grave incumplimiento" contractual al no presentar una garantía de reembolso válida para la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.

Según el Ministerio de Defensa (MD), la empresa entregó un documento de "términos y condiciones" emitido por la aseguradora Redbridge Insurance Company, pero no una póliza formal, lo que dejó al Estado en una situación de "desprotección absolutamente inaceptable".

El martes pasado, la cartera notificó oficialmente a Cardama sobre esta nueva irregularidad, que se suma a las dudas ya existentes sobre la otra garantía exigida en el contrato, y que podría habilitar la cancelación del acuerdo y reclamos económicos millonarios, según reconstruyó el medio Búsqueda.

El contrato, firmado en diciembre de 2023 por la administración anterior, establecía que el astillero debía constituir dos garantías a favor del MD: una de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros y otra de reembolso, equivalente al 10% del precio de cada buque. Ambas eran consideradas obligaciones esenciales para la vigencia del acuerdo, que prevé la construcción de dos OPV por un monto total de 82 millones de euros.

Si bien Cardama contaba con un plazo de 45 días para presentar los avales, el proceso se extendió durante casi 11 meses, en medio de observaciones técnicas y legales. En octubre del año pasado, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que el Poder Ejecutivo evaluaba presentar una denuncia por presunto fraude al Estado, luego de que surgieran indicios de que la garantía de fiel cumplimiento, otorgada por EuroCommerce Bank, podría ser falsa.

De acuerdo con información oficial y con datos publicados por Búsqueda, la entidad financiera con domicilio en Londres sería una empresa "de papel" y fue dada de baja del registro comercial británico en noviembre por diversos incumplimientos.

La garantía de reembolso bajo la lupa

En noviembre de 2024, el MD aceptó la garantía de reembolso presentada por Cardama, emitida por Redbridge Insurance Company. Sin embargo, tras una revisión posterior, las actuales autoridades concluyeron que el documento remitido por la empresa "no constituye una garantía válida".

En el escrito enviado al astillero, el ministerio sostuvo que el documento fechado el 30 de octubre "no es una póliza de anticipo financiero", sino apenas un texto de "términos y condiciones", según confirmaron los representantes legales de la propia Redbridge ante el gobierno uruguayo. En consecuencia, Defensa afirmó que "hasta el día de hoy" Cardama no ha constituido la garantía de reembolso exigida por el contrato.

Para la cartera, se trata de un incumplimiento "grave y esencial", dado que esa garantía debía permanecer vigente hasta la entrega de las dos patrulleras. "Este incumplimiento deja a la administración en una situación de desprotección absolutamente inaceptable", advirtió el ministerio en su notificación.

"Negligencia" o posible intención deliberada

El MD subrayó que no se trata de un episodio aislado, sino de un "incumplimiento repetido y sistemático" por parte del astillero. En ese sentido, cuestionó con dureza la conducta de la empresa al remitir un documento que no reflejaba la garantía comprometida.

Según el escrito oficial, la presentación de ese texto puede responder a "una grave negligencia" o incluso a "una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad".

Ante este escenario, Defensa informó a Cardama que se reserva el derecho de "declarar cancelado el contrato", exigir la "devolución" de todos los importes abonados hasta el momento, unos 28 millones de euros, y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Un documento cuestionado desde el inicio

El documento de Redbridge presentado por Cardama consta de ocho carillas. Las dos primeras contienen los "Términos y condiciones", firmados por Edmund Santiago, CEO de la aseguradora, mientras que el resto incluye "condiciones generales de la cobertura de seguro de fianza", con cláusulas de carácter genérico.

El estudio jurídico Delpiazzo, que asesoró al MD durante la negociación del contrato, analizó un primer borrador de ese documento en abril de 2024 y consideró que el objeto, el valor y la vigencia se ajustaban a lo previsto en el acuerdo. No obstante, cuando el astillero remitió la versión final, el estudio advirtió la falta de certificaciones que acreditaran que Santiago tenía poderes suficientes para firmar en nombre de Redbridge.

Cardama presentó luego documentación adicional para subsanar esas observaciones y la garantía fue aceptada por el gobierno anterior. Ahora, a la luz de la nueva información, el Poder Ejecutivo considera que ese aval nunca tuvo validez jurídica, lo que reabre por completo el futuro del contrato para la construcción de las patrulleras.

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