El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la Coalición Multicolor han presentado diferentes actitudes respecto del golpe de Estado de 1973 en Uruguay, del cual se conmemora hoy el 50° aniversario. No es de extrañar: con partidos tan diferentes en su integración, sobre todo en los aspectos históricos, las contradicciones o la ambigüedad tienden a aparecer a medida que se desarrollan diferentes hechos.
La postura frente al golpe de Estado, otro tema de discordia en la Coalición Multicolor
Los sectores que integran la coalición de gobierno tienen visiones diferentes sobre la dictadura, con historias personales y partidarias que se entrecruzan.
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La postura de los socios de la coalición difiere respecto del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
Es así que el mismo gobierno que colabora con la Justicia en la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos y que se ha reunido con presos políticos de aquella época, también da lugar a un proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidady protagonizó declaraciones y comportamientos, al menos, cuestionables respecto del acto de reparación por el caso de las “muchachas de abril”.
Ahora bien, ¿cuál es la postura del gobierno y de los diferentes partidos que integran la Coalición Multicolor respecto de la dictadura, a 50 años del golpe de Estado?
Un historia entrecruzada
Entre todos los partidos que integran la coalición que, en 2019, llevó a Lacalle Pou a la presidencia de Uruguay, el más polémico es, sin lugar a dudas, Cabildo Abierto (CA). Basta con considerar que su principal figura política es el senador Guido Manini Ríos, quien hasta ese mismo 2019 ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército Nacional.
“Ninguno de los partidos que integran la coalición de gobierno reivindican la dictadura, Cabildo Abierto tampoco”, señaló el analista político y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República (Udelar), Adolfo Garcé García. “Para todos los gobiernos es importante tener una buena relación con las Fuerzas Armadas. El gobierno de Lacalle Pou no es la excepción”, consideró, en diálogo con Ámbito.com.
Lo cierto es que la postura cabildante tampoco es de reparación, y varios referentes al interior de sus filas han tenido dichos y declaraciones que, por lo menos, se consideran polémicas respecto de la dictadura y eventos relacionados. Un ejemplo es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en el asesinato de las “muchachas de abril”, la cual Manini Ríos calificó como “bochornosa”.
Según el líder de CA, su partido “no comparte el relato que se ha impuesto sobre lo que ha pasado hace tanto tiempo”. El acto de reparación “se inscribe en la voluntad de falsear la historia del Uruguay”; y que “no corresponde el reconocimiento” a las víctimas porque formaban “parte de una organización, que mediante la violencia en la década de 1960 y 1970 pretendió imponer una dictadura de filosofía castrista”, dijo.
Leyendo estas declaraciones, si no se puede hablar de reivindicación del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar por parte de Cabildo Abierto, al menos se puede interpretar una justificación de los hechos ocurridos entre 1973 y 1985 en el país.
“Cabildo Abierto es un partido que nace como partido de militares, de lo que ellos llaman la gran familia militar: militares retirados, activos, familiares de militares y policías. A nivel de cúpula, los fundadores de Cabildo Abierto son militares y exmilitares de extrema derecha, muchos de ellos muy comprometidos en temas de haber sido parte del gobierno militar, de la dictadura; y muchos, incluso, por haber estado investigados y juzgados por crímenes de la dictadura”, explicó a este medio el analista y magíster en London School of Economics de Reino Unido, Mauro Casa.
El vínculo es directo incluso en el caso de Manini Ríos: su carrera militar comenzó en 1973, en el Liceo Militar General Artigas, y se recibió como alférez en 1978. Pero el dato llamativo es que su formación tuvo lugar en el Batallón de Infantería Paracaidista N° 14 que operó como una de las 867 bases militares de Estados Unidos en el exterior y que, en los últimos días, fue escenario de una importante noticia: el hallazgo de los restos de una mujer detenida desaparecida durante la dictadura.
También fue comandante del “14” en 1984, año en el que se habría llevado a cabo la Operación Zanahoria, en la cual los cuerpos de los detenidos desaparecidos habrían sido exhumados, cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata previo al regreso de la democracia, según relataron los militares en la Comisión para la Paz durante la presidencia de Jorge Batlle (2000 - 2005). Al respecto, el actual senador sostuvo en 2020 que “los desaparecidos no van a aparecer”. “Aparecerán cuatro o cinco; dos o tres podrían aparecer, pero no todos aparecerán”, expresó en declaraciones al diario brasileño O Globo.
En 2017, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos denunció al entonces jefe del Ejército por brindar información falsa sobre la ubicación de restos de desaparecidos de forma deliberada.
Lacalle Pou y una postura ambigua entre los socios
Tener un partido de raíces militares como parte de la coalición de gobierno es para el presidente Lacalle Pou una “incomodidad”. Así lo describe Casa, quien entiende que la Coalición Multicolor tiene actores políticos muy distintos en varios planos: en el plano pragmático, tienen visiones de política pública diferentes; en el plano ideológico, muchas veces los posicionamientos sobre los temas son lejanos entre sí; y en aspectos que son estratégicos y tácticos, también hay diferencias.
En este escenario, Cabildo Abierto es el socio más disonante. Y desde que se formó la Coalición Multicolor para la segunda vuelta presidencial en las elecciones del 2019 —en las cuales Guido Manini Ríos apareció como una figura política tras su destitución como jefe del Ejército—, se sabía que aquellos temas relacionados a la dictadura serían ásperos entre los partidos socios.
Hoy en día, la postura del gobierno respecto del golpe de Estado es “compleja, ambivalente”. Por un lado, el Partido Independiente “es proclive a esta agenda, a seguir la búsqueda que inició el Frente Amplio en el 2005”; y por el otro, “tiene un sector que es Cabildo Abierto que es extremadamente opuesto a esta agenda y que su postura es muy visible, lo declara en todas partes”, apuntó Casa, al respecto.
En el medio está el Partido Colorado, que “fue el que estuvo más involucrado en el golpe de Estado” al ser el presidente de entonces el colorado Juan María Bordaberry —quien disolvió el Parlamento aquel 27 de junio de 1973—, y el que más abogó por una transición que fuera lo menos confrontativa posible con las Fuerzas Armadas, con el famoso “cambio en paz” que propuso el presidente Julio María Sanguinetti y los posteriores pactos con los militares.
Mientras tanto, el posicionamiento del Partido Nacional siempre ha sido más ambiguo, sobre todo el herrerismo —a diferencia del espacio wilsonista—, sector del que proviene Lacalle Pou. “Había figuras muy importantes del herrerismo que apoyaron el golpe, que fueron parte del gobierno militar, y en la salida a la democracia se alinearon mucho más con la postura de amnistía con los militares”, explicó el analista político, al respecto.
En ese sentido, el mismo Lacalle Pou tuvo declaraciones polémicas durante su primera campaña electoral, en 2014, cuando sostuvo que si fuera por él daría vuelta la página —a pesar de que su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, participó desde la clandestinidad como opositor a la dictadura e, incluso, sufrió un atentado en 1978— y detendría la búsqueda de detenidos-desaparecidos en los cuarteles militares. En el 2019, en cambio, se desdijo de estos dichos, y los calificó como el mayor error de su carrera política, y aseguró que en su gobierno se seguiría colaborando con la búsqueda de Verdad y Justicia.
“Nunca sabremos sinceramente si piensa eso o no. En su momento lo pensaba, quizás cambió de opinión y ahora piensa distinto, o quizás no y simplemente se dio cuenta de que políticamente había sido un error de marketing dar un mensaje con el que la mayoría de la población no estaba de acuerdo”, consideró Casa.
Lo cierto es que en 2019, a Lacalle Pou le tocó pactar también con Cabildo Abierto y su agenda totalmente opuesta. “Un poco lo resolvió poniendo al frente del Ministerio de Defensa a Javier García, que es una figura civil, o sea, no le entrega el ministerio a Cabildo Abierto, sino que se lo queda el Partido Nacional. Hasta ahora ha intentado mantener una postura de colaboración con la Justicia en las investigaciones y excavaciones”, tal y como hace el sector wilsonista, señaló el magíster en Política y Administración Pública.
Pero también ha hecho concesiones con los cabildantes para evitar tensar una relación que ha estado al borde de la ruptura en varias ocasiones. Un ejemplo reciente de ello es la ausencia del jefe de Estado en el acto de reparación de las “muchachas de abril”, que desde CA criticaron a viva voz; pero también se puede señalar la asistencia récord del mandatario a los diferentes actos militares que se celebran durante el año.
En definitiva, Lacalle Pou ha debido mantener una postura casi de equilibrista para dejar contentos a todos los socios, sobre todo cuando del golpe de Estado se trata: aquellos con los que pensó gobernar desde un principio —el Partido Colorado y el Partido Independiente—; y aquellos más incómodos que significan un importante caudal de votos.
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