Proyecto Arazatí: la inversión privada responde a las restricciones económicas de OSE, dijo Bouvier

El ministro de Ambiente explicó por qué se quitó la iniciativa de la órbita directa de la empresas estatal, y señaló que esta modalidad ya se aplica desde el gobierno del Frente Amplio.

El ministro de Ambiente Robert Bouvier defendió el Proyecto Arazatí frente al Parlamento uruguayo.

Foto: Presidencia

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió el Proyecto Arazatí —que consiste en la construcción de una nueva planta potabilizadora en San José— ante el Parlamento, en una interpelación convocada por el Frente Amplio a una semana de que la iniciativa fuera adjudicada al Consorcio Aguas de Montevideo. Para el jerarca, la concesión privada “es la única forma que tenemos de hacer esta obra de acuerdo a las restricciones económicas” en la empresa estatal de agua de Uruguay.

Bouvier debió responder 88 preguntas realizadas por el diputado frenteamplista Felipe Carballo en la interpelación que se extendió durante 16 horas y terminó a las 3 de la mañana. Allí, el ministro inició con un discurso ya escuchado en otras ocasiones, que resaltó la importancia del Proyecto Arazatí —también conocido como Neptuno— en tanto “viene a solucionar uno de los principales problemas que tenemos como país” que, a su entender, es depender de una única fuente de abastecimiento, el río Santa Lucía.

Asimismo, detalló información sobre el contrato que se firmará con el consorcio integrado por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast; y explicó que uno de los motivos por los cuales se podría terminar de forma anticipada el contrato es que el contratista “ponga en riesgo la vida humana o el medio ambiente”.

También planteó que una de las responsabilidades que tendrán los privados será asegurar que la infraestructura cuente con “la capacidad de producir y transportar hasta el recargue de Melilla 200.000 metros cúbicos de agua potable con un nivel de salinidad menor a 450 miligramos por litro”. Y que los niveles que excedan este umbral no podrán persistir por más de 71 días de corrido —esto, en función de que es esperable el registro de eventos de salinidad extendidos en tanto la toma de agua será del Río de la Plata.

Las preguntas del Frente Amplio

Entre las 88 preguntas que le realizó el diputado frenteamplista encargado de la interpelación, Carballo, una de las que destacó fue la que apuntó hacia la posibilidad de “abrir un espacio amplio de diálogo” técnico y político para analizar y resolver “como un proyecto país y política de Estado la inversión” que supone el Proyecto Arazatí; aunque esto signifique la detención del proceso iniciado con la adjudicación de la licitación.

Ante esto, Bouvier sostuvo que “esta es una etapa de intercambio, pero no nos parece conveniente detener este proceso, dado que vamos a un ritmo conveniente”. Al respecto, señaló que, si bien ya se superó lo peor la sequía y la crisis del agua que afectó mayormente a la zona metropolitana, “el país nos está requiriendo una solución inmediata en cuanto a estas medidas que vamos a tomar, y pensamos seguir avanzando para poder llegar en un tiempo prudente a tener la solución que tanto esperamos”.

Por otra parte, Carballo le preguntó al ministro de Ambiente sobre el modelo de financiamiento y gestión elegido, que implicó la adjudicación a un consorcio privado en lugar de que fuera la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) la que llevara a cabo el proyecto —algo que, según el Frente Amplio, implica un sobrecosto de 300 millones de dólares.

Al respecto, el ministro de las filas del Partido Colorado explicó que la decisión tomada por el gobierno “es la única forma que tenemos de hacer esta obra de acuerdo a restricciones económicas”. “A su vez, este modelo no es algo novedoso, se empezó a usar en el gobierno anterior”, contraatacó.

Adicionalmente, el subsecretario de la cartera ambiental, Gerardo Amarilla, expresó que se “ha cumplido con lo que establece la Constitución en referencia a la participación de la ciudadanía, a la transparencia y a la información pública”.