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La incertidumbre sobre el tipo de cambio, la liquidación de divisas y la política monetaria han frenado también todas las operaciones internas, venta de productos (trigo, principalmente), la compra de insumos, hasta las contrataciones de servicios. Más allá de las medidas que se anuncien, es importante que el sector defienda lo suyo, lo genuinamente suyo. El gobierno debe ser consciente del aporte que la cadena agroindustrial ofrece a la economía argentina y, por ello, debe mantener el reconocimiento histórico dado en los '90.
Defender lo suyo es no aceptar «políticas de Estado» de precios diferenciales (retenciones, imposiciones distorsivas, tipos de cambio diferenciales --comercial y financiero-, tasa de interés altísimas y cualquier otro tipo de regulación o «intervención» burocrática de los mercados).
Volviendo a lo inmediato, se debe buscar restablecer el normal funcionamiento de los mercados y la cadena de pagos; es urgente. Es una priori-dad y obligación de la gestión pública agropecuaria que, en el corto plazo, 60 días, se resuelvan los problemas de endeudamiento y financiamiento del sector.
Al mismo tiempo, se deben encarar gestiones con las empresas proveedoras e importadoras de insumos y los bancos para acelerar la puesta en marcha de los créditos de la próxima campaña.
A diferencia de otros sectores de la economía, el campo y la producción de alimentos no nos encuentra con las manos vacías. Por ejemplo, las estimaciones de producción de granos indican que podrían superarse los 67 millones de toneladas de la campaña pasada. Es nuestro deber, como argentinos, que este esfuerzo productivo sea reconocido y se potencie como en una fuente de riqueza para el sector y recuperación argentina.
Por ello, quiero destacar que el gobierno debe mantener los planes de competitividad, cumplir con las leyes especiales (forestal, pesca, lanas, etc.) y generar nuevas herramientas que sustenten el crecimiento del sector para rápida reactivación de la economía. También, por este motivo, considero muy importante el rol del Instituto Nacional de Semillas (ahora Dirección, INASE), el SENASA y el INTA como garantes de una política sanitaria y de la investigación científica y biotecnológica, todos acordes con las demandas de los mercados más exigentes.
La reaparición de la aftosa, que fue un duro golpe para nuestro sistema sanitario y para el sector de ganados y carnes, nos hizo retroceder a los peores años de la ganadería argentina. La sanidad animal debe ser una prioridad, pero no la única. En los últimos trimestres de 2001, se ha trabajado duro para revertir esta situación, pero en 2002 se deben multiplicar los esfuerzos para la erradicación definitiva de los focos. El esfuerzo debe ser de todos, los productores y el Estado. De nada sirven las políticas de la chequera fácil. Este tema, el de la aftosa, se debe resolver cuanto antes para recuperar los mercados perdidos. La sanidad vegetal también es fundamental, no se pueden ocultar los problemas sanitarios, se pierden mercados y, lo que es peor, se pierde confianza y credibilidad en el mundo.
Mientras se trabaja como un bombero para resolver los problemas de corto plazo, se debe, además, elaborar un plan de acción a 2 años y pergeñar un plan estratégico internacional de largo plazo que ofrezca políticas seguras para el agro y la industria vinculada. Estas políticas serán la base para una nueva «revolución del agro»; sólo así, sin voluntarismos vacíos, el país podrá crecer en forma sustentable en lo productivo y agregando valor en lo industrial.
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