Esta opinión es volver a la resolución del Ministerio de Economía que prohibía cualquier ajuste en las tarifas de los servicios públicos y que luego fue modificada, exceptuando los ajustes estacionales de la luz y el gas.
El principal problema es que el gas en boca de pozo, cuyo precio es fijado por las empresas petroleras, está desregulado como los combustibles. Y en la electricidad, el mercado mayorista está integrado por empresas que actúan en competencia y no tienen obligación de prestar el servicio, aunque sí la tienen los transportistas y distribuidoras de electricidad.
Estas marchas y contramarchas del gobierno sobre un mismo tema generaría riesgos de abastecimiento de gas y luz en el invierno. En el caso del gas, las empresas están esperando además un decreto del Poder Ejecutivo, demorado por la renuncia de Remes, que les permita cobrar en dólares el gas que exportan a Chile.
Aunque la mayoría de las petroleras está cobrando el producto en divisas, las empresas chilenas que lo compran lo hacen bajo protesto, amparándose en que los contratos firmados toman como referencia el valor del gas por cuenca fijado por el Enargas y, al estar ese valor expresado en pesos, los compradores trasandinos lo consideran alcanzado por la Ley de Emergencia Pública que pesificó los contratos.
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