Se prevé un aumento del 22,6% en la factura media para un grupo, mientras otros verían reducciones o se mantendrían sin cambios. El proceso de venta del 90% de AySA avanza, pese a cuestionamientos por conflictos de interés y una oferta inferior a la esperada.
Este lunes desde las 10, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) encabeza una audiencia pública virtual decisiva. En el encuentro se debatirá la propuesta tarifaria de AySA, que contempla subas en las facturas de agua y cloacas para cerca de dos millones de hogares del AMBA, además de ajustes en los esquemas de descuentos sociales.
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El proyecto de actualización tarifaria contempla incrementos para 1.998.747 usuarios residenciales, lo que representa aproximadamente al 60% de esa categoría. Para este grupo, la factura media mensual sufriría un aumento del 22,6%, pasando de $29.116 a $35.710, según las estimaciones de la empresa.
Por otro lado, otros 683.927 usuarios (alrededor del 20%) experimentarían una reducción promedio del 14,7% en sus boletas, mientras que 672.194 hogares (el 20% restante) mantendrían su facturación sin variaciones por la aplicación del programa. Al analizar el universo residencial en su totalidad —incluyendo las rebajas y los casos congelados—, la factura media registraría una suba general del 11,4%.
El nuevo esquema propone eliminar los viejos coeficientes zonales y reemplazarlos por un mapa territorial basado en datos del Censo e ingresos por hogar. Esta reclasificación es clave: sobre esos coeficientes se calculan componentes fundamentales del costo final de la factura de agua.
El incremento promedio del 22,6% no representa un techo. El informe presentado ante el ERAS prevé correcciones de hasta el 149% para casos específicos, en los que convergen la reclasificación zonal y la caducidad de las bonificaciones actuales. Según las estimaciones de AySA, los ajustes que superen el 100% afectarán al 3% del universo total de usuarios residenciales.
Cabe subrayar que esos máximos corresponden al universo estudiado por la empresa, que excluye determinados casos atípicos de grandes superficies o consumos. No representan un incremento general ni una suba que se aplicaría de una sola vez.
Cabe subrayar que el Gobierno nacional adjudicó la licitación pública nacional e internacional para la privatización de Aysa. La operación contempló la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado por un monto de u$s340.200.000 (sin IVA). La oferta ganadora estuvo integrada por el consorcio conformado por las firmas Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.
La oferta incluía a Rowing S.A., la empresa de Walter Román, a Transclor, de Mauricio Filiberti; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav); y a PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Fuentes señalan que también aparecen ligados al consorcio los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei que vienen siendo beneficiados en varias de las licitaciones, entre ellas las represas del Comahue y la Hidrovía.
Sin embargo, las irregularidades tiñeron todo el proceso privatizador: hubo fuertes cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, entre empresas vinculadas al grupo que presentó la oferta ganadora y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA). Además, cabe subrayar que el consorcio encabezado por Rowing S.A. fue seleccionado para adquirir el 90% de las acciones de la compañía por u$s340,2 millones, una cifra inferior a los u$s500 millones que el Gobierno libertario había anticipado como piso esperado para la operación.
Las alertas apuntan a los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que también reúne a Direct Group y Lógico, dos firmas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Según la información pública de la Cámara Nacional Electoral, las contribuciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año.
Legisladores de la oposición presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para auditar la tasación de la empresa estatal. Las diputadas Carignano e Ianni y los senadores Bahl y Capitanich cuestionaron el secreto en los informes de valuación y la postergación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, advirtiendo que la falta de transparencia impide saber si la venta fue conveniente para el Estado.
De esta manera, la denuncia judicial suma tensiones al proceso de privatización de AySA. Según la presentación, el Tribunal de Tasaciones advirtió que no podía aplicar el método de valuación del Gobierno —basado en ingresos, inversiones y costos— por estar acotado al cálculo de activos físicos. Los legisladores objetaron que la valuación terminara en manos de una unidad especial creada en el BICE y advirtieron que el procedimiento podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.
De este modo, la discusión sobre los coeficientes zonales ocurre tras seleccionar al consorcio ganador y en medio de todo el mar de irregularidades. A través de la Resolución 1818/2026, el Poder Ejecutivo estableció el próximo 13 de noviembre como fecha límite para la suscripción del contrato de compraventa, paso formal indispensable para concretar el traspaso de la compañía de agua y saneamiento.
El cronograma oficial de la licitación prevé que el nuevo operador privado tome a su cargo la gestión integral del servicio entre enero y febrero de 2027. Hasta tanto se concrete el traspaso, la definición sobre los cambios tarifarios debatidos este lunes continuará bajo la órbita del ERAS, organismo que deberá expedirse formalmente sobre la propuesta presentada por la actual conducción de la empresa.