La suba se distribuirá entre octubre y noviembre, con reapertura de las negociaciones en diciembre. Cuatro organizaciones de la educación aprobaron la propuesta, mientras la FEB todavía no expresó su respaldo.
El Gobierno bonaerense acordó una suba del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó este sábado un aumento salarial del 6% para docentes y trabajadores de la administración pública encuadrados en la Ley 10.430, tras obtener la aceptación de la mayoría de las organizaciones gremiales. El entendimiento incluye el compromiso de volver a negociar en diciembre.
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La pauta contempla un 3% correspondiente a octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre. De esta manera, los dos incrementos se computarán sobre la misma base.
En el sector educativo, AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA aprobaron por mayoría la propuesta presentada por la administración de Axel Kicillof en la reunión paritaria del viernes 16 de octubre, luego de las consultas y los debates en sus respectivos cuerpos orgánicos.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) no firmó el comunicado conjunto de esos cuatro sindicatos y, hasta el momento, no se expresó a favor de la propuesta salarial.
Los sindicatos que aceptaron informaron que la definición se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones. Por eso, los docentes podrán percibir el primer tramo del aumento el quinto día hábil de noviembre, junto con los haberes correspondientes a octubre.
El acuerdo establece, además, la reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026, para volver a discutir la situación salarial.
La negociación docente también incluyó propuestas sobre organización escolar y condiciones de trabajo. Entre los puntos informados por las organizaciones gremiales figuran:
Desde el Ejecutivo provincial también destacaron el trabajo sobre la simplificación de los procedimientos administrativos.
El Gobierno bonaerense sostuvo que el entendimiento se alcanzó mediante el diálogo, en una “compleja situación económica y financiera” para el Estado provincial.
La administración atribuyó esas restricciones a la caída de la recaudación por la menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes de la Nación, particularmente las transferencias no automáticas.
En ese contexto, reafirmó su compromiso de sostener el empleo público y aseguró que continuará realizando esfuerzos para preservar las fuentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales.