Confirmado: sale decreto para frenar amparos del "corralito"

El gobierno confirmó anoche que dará a conocer hoy el demorado decreto de necesidad y urgencia que establece que los jueces deberán limitarse, ante presentaciones de ahorristas con dinero acorralado en los bancos, a dictar medidas de «no innovar». No podrán autorizar la entrega de esos fondos, sobre los cuales deberán circunscribirse a reconocer el derecho de propiedad. Se intenta con esto frenar el drenaje de depósitos del sistema bancario, que alcanza ya los $ 70 millones diarios.

El gobierno confirmó anoche -como adelantó Ambito Financiero- que se encuentra a la firma del Presidente el decreto de necesidad y urgencia que establece que la Justicia sólo podrá tomar medidas de «no innovar» frente a los amparos presentados por los ahorristas por el «corralito» financiero y no autorizar la entrega de los fondos, con lo cual los bancos podrán apelar la eventual determinación judicial.

Así lo informó el secretario Legal y Administrativo de la cartera económica, Eduardo Ratti, quien explicó que «se trata de una norma que establece que la única medida cautelar será la de no innovar y no de carácter autosatisfactiva (entrega de fondos) como hasta ahora».

Al participar de una conferencia de prensa en la cartera de Hacienda, junto con Remes Lenicov y todos sus pares del gabinete económico (ver aparte), el funcionario se encargó de aclarar que «no se trata de una intervención en otro poder, ya que se basa en la Constitución nacional». «No interferimos en el Poder Judicial», enfatizó Ratti, quien destacó que «lo que intentamos hacer es preservar a 85 por ciento de los ahorristas que no presentaron recursos de amparo, al sistema financiero y al propio Estado».

• Eventual caída

Tras recordar que sólo 15 por ciento de los ahorristas presentó recursos de amparos, Ratti explicó que «lo que se busca es que los jueces no dicten la medida autosatisfactoria (de devolución), sino que se permita que los bancos puedan apelar la medida y que se continúe el proceso legal, hasta que por último se expida la Corte Suprema de Justicia, de ser necesario».

«En la actualidad hay 160 mil recursos de amparo presentados, lo que provoca un drenaje en los bancos que perjudica a todo el sistema financiero», justificó. Al respecto, el ministro Jorge Remes Lenicov deslindó comentar acerca de una eventual «caída» de alguno bancos si continúa la fuga de plata del «corralito» producto de los amparos y le dio el pase a su secretario de Finanzas, Lisandro Barry, para que explique los alcances de un decreto firmado hoy por la cartera económica. Según estimó el funcionario, «50 por ciento de los depósitos reprogramados será canjeado por los bonos, o sea el equivalente a unos 27 mil millones de pesos».

Ratti confesó que «esta medida está vinculada con la determinación de la medida de no innovar, ya que con esto los jueces tendrán más elementos para ver que los ahorristas tienen varias posibilidades para recuperar sus depósitos».

El texto unifica toda las normas legales y judiciales vigentes en un decreto de necesidad y urgencia que, como indica la Constitución, debe ser ratificado por el Congreso. Su texto fue aprobado durante el fin de semana por el Ministerio de Economía y anoche lo revisaba el secretario Legal y Técnico, Antonio Arcuri, quien demoró llevarlo a la firma de Eduardo Duhalde al formular algunos reproches de índole técnica.

La intención del gobierno es comprometer con este decreto de necesidad y urgencia al Congreso y al Poder Judicial en el resguardo del sistema financiero, sometido hoy a un drenaje de depósitos que alcanza ya a los $ 70 millones diarios por la autorización que están dando los jueces a reclamos de ahorristas.

Aunque nadie lo admite en público, este decreto no hubiera avanzado si al gobierno no le constase que la Corte Suprema de Justicia aceptará su contenido y respaldará que los jueces reconozcan, ante un reclamo, el derecho de propiedad sobre el dinero, pero también el derecho de los bancos de no devolverlo cuando quiera un juez y por encima de las normas del negocio bancario.

La idea del gobierno, en efecto, es que a los ahorristas se les reconozca la propiedad de los depósitos, pero que los bancos no estén forzados, amparados en una sentencia madre que dio en febrero pasado la Corte, a devolver en el acto el dinero.

En el decreto que está a la firma se prevé que tras la medida de no innovar se le dé al Estado la posibilidad de ser escuchado y, ulteriormente, que sea la Corte la que termine resguardando los dos derechos en debate.

Anoche se esperaba que Jorge Capitanich y Duhalde firmasen el decreto, que ya cuenta con las firmas de varios ministros, pero Arcuri pidió que se modificasen algunos detalles formales que resguarden la legitimidad de la medida que el gobierno considera clave para la recuperación del sistema financiero.