"Corralito": se negó Duhalde a firmar el decreto y se desató una fuerte crisis

El gobierno discutió anoche una nueva vía para frenar la salida de los depósitos del sistema financiero. Sería un plan BONEX con los mismos títulos que ya se anunciaron, en dólares y a diez años de plazo. Esa fórmula tendría respaldo del Congreso para votarlo como ley y además apoyo de la Justicia. Esa iniciativa surgió cuando Eduardo Duhalde ayer decidió no firmar el decreto de necesidad y urgencia que ponía freno a la ola de amparos de ahorristas contra el «corralito». Esa decisión provocó rumores durante todo el día en el Ministerio de Economía, hasta de feriados bancarios para hoy, los que debieron ser desmentidos. El problema principal, los más de $ 100 millones que los bancos pier-den por día de depósitos, no tiene aún solución. El gobierno argumenta que la Corte Suprema iba a rechazar por inconstitucional el decreto propuesto por Remes Lenicov, ya que invadía la autonomía e independencia judicial (los obligaba a «no innovar»). Todo esto reflejó las divisiones profundas dentro del gabinete y hasta se dudó de que Remes Lenicov viajase hoy a los Estados Unidos a la cumbre del Fondo Monetario Internacional. Duhalde permanecía a medianoche en Casa de Gobierno junto al equipo económico diseñando la vía del nuevo plan para anunciarlo antes de los encuentros que el ministro de Economía mantendrá -el viernes se reúne con el N° 1 del Tesoro, Paul O'Neill- en Washington.

El gobierno dio marcha atrás en el dictado del esperado decreto por el cual piensa frenar la salida de depósitos de los bancos limitando las facultades de los jueces. El proyecto limitaba la posibilidad de que los amparos concedidos impliquen además la devolución del dinero reclamado por los ahorristas. El decreto de necesidad y urgencia que iba a firmar ayer Eduardo Duhalde quedó congelado con el argumento de que su texto -preparado por los ministros de Economía, Jorge Remes Lenicov, y de Justicia, Jorge Reinaldo Vanossi- podría ser declarado inconstitucional al afectar al artículo 43 de la Constitución, que regula el instituto del amparo que pueden dictar los jueces.

El lunes por la noche el ministro Remes Lenicov, acompañado del vocero y del secretario presidencial, Eduardo Amadeo y Aníbal Fernández, respectivamente, había anunciado tras su reunión con el delegado del FMI Anoop Singh la firma inminente de ese decreto. Ayer a mediodía, Duhalde le comunicó a Remes que no firmaba nada y que debía buscarse una nueva vía para frenar la salida de los depósitos.

Lo que nadie podía explicar ayer en el gobierno fue cómo en el momento más crítico de la negociación con el Fondo y a horas de que hoy viaje Remes a los EE.UU. el gobierno quedase expuesto a un colapso de consecuencias inconmensurables. Puso a todo el gabinete en estado se sesión permanente; obligó al equipo económico a dedicar toda la jornada a ensayar alguna salida airosa; colocó a los directivos de los bancos en estado de alerta en sus despachos hasta anoche.

• Sin explicación

Nadie podía explicar tampoco el tono de improvisación que exhibió el gobierno. Si Remes tenía un acuerdo con el Congreso y la Corte para tan resbaladizo texto, faltaban las razones de por qué se cayó. Si ese acuerdo no existió nunca es más grave porque falta la explicación de cómo se dejó a Remes tan expuesto a una crisis que hacía dudar anoche hasta de la continuidad en el cargo por falta de respaldo político de su propio gobierno y su partido.

El gesto del Presidente de mandar hacia atrás el decreto puso al gobierno ante la crisis más grave y menos oportuna que ha vivido Duhalde desde que asumió: el sistema bancario sufre un drenaje de cerca de $ 70 millones por día por los amparos de los jueces que responden a la solicitud de 15% de los ahorristas que los han reclamado en juzgados federales de todo el país.

Esa salida de depósitos pone en emergencia la continuidad misma de los bancos al quebrar la ecuación técnica entre depósitos y préstamos concedidos, que no es respetada por las decisiones judiciales.

Los fallos judiciales que se han dictado tras la acordada de la Corte Suprema de Justicia que declaró en febrero pasado que el «corralito» es violatorio del derecho de propiedad, ordenan la devolución no sólo de depósitos del llamado tramo transaccional (cajas de ahorro y cuentas corrientes) sino de los plazos fijos que fueron reprogramados.

El decreto que frena la salida de los depósitos, además, figura como una de las condiciones que plantean los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para acordar un programa de ayuda a la Argentina.

Hoy el ministro Remes tiene previsto viajar hacia los Estados Unidos para cerrar en Washington -donde se realiza desde el fin de semana la conferencia anual del FMI- los detalles de un acuerdo que sin el freno a la salida de los depósitos puede quedar en nada.

El borrador del decreto que rechazó Duhalde disponía que las sentencias judiciales podían admitir el derecho de propiedad sobre los depósitos pero no ordenar su devolución. Según el primer artículo los jueces debían limitarse a dictar medidas de «no innovar» ante los reclamos de devolución de los depósitos pero nunca disponer que se hiciera efectiva antes de que hubiera sentencia definitiva. Este punto requería no sólo que la Justicia respaldase la juridicidad de la medida sino que la Corte Suprema daría de hecho el tiempo suficiente antes de la sentencia final para que los bancos arbitrasen una solución a la emergencia del sistema.

También disponía que los jueces del interior debían inhibirse de recibir amparos y ceder la jurisdicción a los magistrados del fuero federal de cada provincia.

• Reproches

Estos dos puntos merecieron serios reproches por parte de los legisladores, jueces y funcionarios que vieron el borrador fuera del Ministerio de Economía y acercaron los dos argumentos que usó anoche Duhalde para voltear el decreto: 1) violaría la división de poderes al ordenarle el Ejecutivo al Judicial cómo encarar el trámite de las causas; 2) anula en los hechos la institución del «amparo» que establece el art. 43 de la Constitución que, según los expertos consultados, no puede ser mitigado por ninguna vía legal.