Empresas van a la Justicia a bloquear ley retrógrada

Buena parte de las empresas procesadoras de alimentos están preparando presentaciones judiciales para reclamar que se declare la inconstitucionalidad de la denominada Ley de Abastecimiento, que el gobierno amenaza con aplicar -sería la primera vez desde que Juan Vital Sourrouille era ministro de Economía- para intentar controlar la estampida de los precios.

La preocupante intención del secretario de Comercio, Pablo Challú, de echar mano a la norma sancionada en tiempos de José Ber Gelbard como recurso para tratar de controlar la inflación provocó una tormenta de indignación entre quienes serían los principales afectados en caso de llevarse a la práctica la amenaza: los productores de alimentos.

•Preocupación

«En el único lugar donde nos obligaron a fabricar a pérdida fue en Cuba, y nos fuimos», se encrespaba ayer un alto ejecutivo de una de las principales empresas del sector.

La preocupación en el sector lechero, por caso, casi iguala la que provoca la negociación que deberán encarar mañana con los tamberos y el gobierno para fijar precios y márgenes. «Pero el jueves nos abocaremos de lleno a estudiar este tema, que es muy grave: quieren inmiscuirse en la vida de las empresas.»

Desde otra empresa alimentaria bramaron: «Junto con la de subversión económica y la Ley de Quiebras, son hoy un trío nefasto que impide la inversión y traba la recuperación económica del país. No creo que el Fondo apruebe ayuda a la Argentina mientras se mantengan vigentes leyes como ésas».

• Argumento

La ley, cuyas multas fueron «actualizadas» (léase multiplicadas) la semana última por un decreto del Poder Ejecutivo, había sido derogada por Carlos Menem/Domingo Cavallo en 1991. Pero un decreto de Fernando de la Rúa de 1999 -justificando su dictado por la situación de «emergencia» creada por piqueteros y cortes de ruta- le devolvió vida.

Sin embargo, como ese decreto de necesidad y urgencia nunca fue refrendado por el Congreso, no estaría claro -al menos para los empresarios del sector- si está vigente o no. Ese será el argumento que llevarán los abogados de las empresas a Tribunales, para pedir que se suspenda su aplicación o que directamente se la declare inconstitucional.

Para esto, los letrados se apoyarán en lo dispuesto en la Constitución nacional de 1994, que consagra «el derecho a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados», que viene a complementar -dicen- los derechos a la propiedad y a la libertad de comercio e industria que garantiza la Constitución de 1853.

Es que la norma -dictada en una época en que no existían grandes cadenas de distribución, y en un momento en que el país se desangraba entre peleas sectoriales y lucha armada- no sólo prevé la aplicación de fuertes multas a los infractores de los criterios que allí se especifican (y que pueden llegar a un millón de pesos). De su lectura se desprende que permite que el Estado intervenga una empresa industrial por períodos de hasta seis meses sólo con el dictado de una norma administrativa por parte de un funcionario de Comercio, expropiación que podría prolongarse hasta dos años si un juez la convalida.

• Peligro

Además, ese mismo funcionario está en condiciones de dictar clausuras «preventivas», incautación de mercadería y hasta pedir la detención (también «preventiva») de ejecutivos y empresarios de las empresas «investigadas». Obviamente, el peligro de abusos y corruptela es enorme ante la discrecionalidad que le otorga esta ley al funcionario de turno.

Por su parte, en declaraciones a la agencia «Reuters», Challú volvió a amenazar de manera no demasiado velada: «Si los aumentos de precios son especulativos (y no por aumento de costos), y si el mercado está muy concentrado, pues ahí contamos con diversas leyes para aplicar que establecen la facultad de fijar precios si están comprometidos los intereses de los consumidores». El secretario de Comercio, sin embargo, no aclaró quién y a través de qué mecanismo se determinará que «los precios son especulativos y no por aumento de costos».

Challú agregó que «no veo voluntad en el gobierno, ni tampoco en la mía, de fijar precios máximos. Pero existe la posibilidad de hacerlo». O sea, una preocupante «vuelta a la edad de piedra (como dijo a este diario otro alto ejecutivo del sector), que sólo redundará en mercado negro, desabastecimiento y una mayor evasión impositiva».