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De todas maneras, y sumando todos estos sectores y según los datos de las propias cámaras industriales, se trata de grandes empresas que en total no superan un tercio del total de empleados que deberían recibir el incremento. El resto de los trabajadores, más de dos millones de personas, trabaja en PyMEs o dentro de sectores más díscolos ante el aumento.
En algunas empresas, y por recomendación de sus gerencias de personal, aseguran que tienen voluntad de pagar los 100 pesos, pero como la reglamentación de la medida apareció luego del período legal de liquidación del salario de julio (entre el 15 y el 20), esperarán al próximo pago para efectivizar la medida. Obviamente, tampoco están recibiendo el aumento los trabajadores que tienen su liquidación salarial en todo o en parte en negro. Según Rial este tipo de empresas «deberían abonarle esta asignación no retributiva, pero el empleador se encuentra en fraude a la ley, no registrado y elude el cumplimiento de sus obligaciones tributarias», con lo que «es probable que también pretenda incumplir con la normativa legal».
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