Impuesto aleja a De Mendiguren

La creación de un impuesto especial para las «ganancias extraordinarias» detonó un contrapunto entre el propio presidente Eduardo Duhalde y su ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren. Mientras Duhalde ratificaba ayer su decisión de aplicar un impuesto a las empresas que lograron grandes beneficios en los últimos tiempos, De Mendiguren, vaticinó que «no se va a aplicar» porque las empresas «no tuvieron ganancias extraordinarias» como consecuencia de la pesificación de sus deudas.

El impuesto, objetado por el Ministerio de Economía y apoyado por otros funcionarios, «saldrá por la persuasión» de las empresas «o por una ley, pero va a salir», apuntó Duhalde. El jefe del Estado señaló que los fondos que se recauden con ese tributo extraordinario se destinarán a solventar planes de ayuda social en vista de los altos índices de pobreza que soporta el país.

•Mejores propuestas

Por su parte De Mendiguren aseguró que su par de Economía, Jorge Remes Lenicov, «no está de acuerdo» con este nuevo impuesto, y confesó que el titular del Palacio de Hacienda «tenía mejores propuestas». No obstante, admitió que pasar deudas en dólares a pesos «1 a 1» tuvo un resultado «que no fue el querido y provocó ganancias extraordinarias, que no era el objetivo de la pesificación».

La conversión de las deudas «se hizo para recuperar el aparato productivo nacional, generar crecimiento y empleo y no para que nadie gane» con la conversión, matizó De Mendiguren.

La iniciativa oficial consistiría en que las empresas que tomaron créditos por encima de los u$s 3 millones, y que luego fueron alcanzadas por la pesificación, deberían abonar por única vez un impuesto de 5 por ciento sobre sus ganancias.

Esto permitiría recaudar, según los cálculos oficiales, unos $ 1.250 millones, que se destinarían a financiar planes sociales.

•porte

«Es necesario que los sectores más ricos hagan una aportación para solventar los planes sociales», insistió tras recordar que la creación del impuesto fue aconsejada por la Iglesia, que coordina la «mesa del diálogo» con todos los sectores políticos y sociales para buscar una salida a la crisis económica que se prolonga desde 1998.