La declaración de inconstitucionalidad que decidió la Corte Suprema hace un año respecto de la ley de accidentes de trabajo abrió una verdadera caja de Pandora. En lo que va de 2005, las demandas judiciales de trabajadores damnificados crecieron 90% y ascenderán a unas 7.000 en todo el año. Al haberse eliminado los topes indemnizatorios, se recreó una industria del juicio que pone en jaque a miles de empresas, especialmente pymes. El gobierno, en tanto, demora el proyecto para modificar la ley y reducir la litigiosidad.
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