Dos expertos, uno en derecho, Jorge Casanovas, y otro en economía, Manuel Solanet, reflejaron ayer en «El Cronista Comercial» y en «Infobae», respectivamente, la fantasía de muchos argentinos: que la actual puja por una nueva ley de coparticipación arreglará la distribución del monto de los principales impuestos, de tal manera que éstos sirvieran mejor al país. En realidad, esta fuerte disputa entre el presidente Kirchner, por un lado, y Felipe Solá y Eduardo Duhalde, por el otro, es apenas una lucha por poder político lamentablemente más sustentado, hoy en una Argentina empobrecida, en poseer fondos para repartir, en lo que se llama «clientelismo», que en el voto pensado de la gente sobre las mejores opciones. Cuando el índice de pobreza alcanza a 48%, pocos pueden pensar en sufragar (la abstención electoral fue récord con 30% de ausentes de las urnas), y el grueso de los votos se entrega por dádivas. De ahí la pugna. Pero, aunque sea sólo para alucinarnos, veamos a través de párrafos salientes de estas dos opiniones cuál debería ser el verdadero debate constructivo, sin politización, en el tema.
Esa forma de distribuir los ingresos entre las provincias se llama coparticipación y es muy importante, pues con esos importes se financia la educación, la salud, la seguridad, la Justicia y gran parte de la obra pública.
Se distribuían en 1988 43% a la Nación y 57% a las provincias. Hoy las provincias reciben 39% y la Nación 61% y si a este porcentaje se suman retenciones se alcanza 66 por ciento.
Con la creación de las AFJP en 1994 se extrajo de la masa coparticipable una porción de cada impuesto, convirtiéndose a los jubilados en el equivalente a una nueva provincia.
Esa injusticia no se remedia con la propuesta del gobierno nacional, en la que no se incluyen en la masa coparticipable otros impuestos en los que las provincias tienen menor participación: 100% del impuesto al cheque, adicional de cigarrillos, combustibles líquidos, adicionales sobre gasoil y naftas y 100% del monotributo.
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