El gobierno argentino enviará al Congreso un nuevo proyecto para modificar la actual ley de patentes, adaptándola más a los reclamos de los inversores externos. Concretamente, a través de nuevas disposiciones técnicas, el Poder Ejecutivo avanzará en la «protección» de los «derechos de propiedad», modificando la actual legislación aprobada por el Poder Legislativo en 1997, y que fundamentalmente modificarían la situación, en primer lugar, en el sector de medicamentos, y en rubros como la informática, electrónica y propiedad intelectual.
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Fue Eduardo Duhalde en persona el que le dio la noticia a la persona que más quería escucharla: Peter Allgeier, el Representante Comercial Adjunto del gobierno de George W. Bush, una especie de viceministro de Comercio Exterior, y delegado especialmente por el presidente norteamericano para enviar un mensaje concreto: si la Argentina llega a un acuerdo serio con el FMI y si cambia la impresión de país que no respeta la seguridad jurídica, Estados Unidos acelerará las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio bilateral. A instancias del viceministro de Relaciones Exteriores, Martín Redrado, y mientras terminan las negociaciones con el FMI, Duhalde anunciará la modificación de la ley de patentes como el primer paso para recomponer la imagen de inseguridad jurídica que envuelve su gestión desde que decidió abandonar la convertibilidad. No es un paso menor. La ley de patentes que hoy rige en la Argentina es probablemente el mayor reclamo que desde siempre hacen los delegados diplomáticos de todos los gobiernos de países centrales. Tradicionalmente no sólo desde Estados Unidos se reclamó por esta legislación, sino que, además, se suman al pedido Francia, Canadá, Alemania y Suiza, entre otros países. Fue incluso uno de los reclamos que hizo el canciller alemán Gerhard Schröder en la visita a la Argentina de marzo pasado. Es, además, una causa de EE.UU. a nivel continental. Incluso el país más criticado por los norteamericanos por las supuestas violaciones a la propiedad intelectual es Brasil, especialmente en el mercado de la informática; con lo que para la visión del gobierno de Bush resulta fundamental que la Argentina (el principal socio brasileño del Mercosur) avance en una nueva ley de patentes más cercana a sus intereses.
Allgeier recibió la noticia ayer a la mañana mientras visitaba acompañado por Martín Redrado a Eduardo Duhalde en la Casa de Gobierno.
Pasó luego a hacer su listado de capítulos por los cuales Estados Unidos considera que en la Argentina hay fallas en la seguridad jurídica. Allgeier dijo claramente que «un plan sustentable debe incluir un mayor respeto a los inversores» y «por lo que oímos de las empresas norteamericanas» es que «hay demasiada incertidumbre sobre las condiciones que se manejan acá para los negocios». Al ser consultado sobre cuáles son los contenidos para despejar la «demasiada incertidumbre», el enviado de Bush explicó puntualmente que en los últimos meses (luego de la salida de la convertibilidad) «no se cumplieron los contratos, no hay claridad de reglas de juego, los impuestos no son claros, las regulaciones son confusas y cambiantes y no es eficiente la política de importaciones ni la devolución de impuestos por exportaciones».
Redrado reconoció en parte que el norteamericano algo de razón tiene, e insistió en que el gobierno justicialista de Eduardo Duhalde está pronto a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de patentes «que proteja la seguridad jurídica de los inversores externos».
Como para dar una muestra de la buena voluntad de la gestión del gobierno de EE.UU. para la Argentina, Allgeier confirmó que mientras se avanza en el acuerdo con el FMI y con la nueva ley de patentes, los dos países ya crearon un Consejo Bilateral sobre Comercio e Inversiones, por el cual se le abrirían al país por lo menos cinco mercados norteamericanos.
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