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La Cámara de Diputados iba a dar sanción esta semana al esperado reemplazante del CER, para indexar préstamos y probablemente alquileres pactados con anterioridad al 7 de enero de 2002. Pero el CVS parece inclinarse a salir por decreto, y no desde alguno de los 27 proyectos diferentes que discuten los diputados. Esto hizo enfurecer a los miembros de la Cámara Baja, quienes ya pusieron en duda los alcances que este decreto pueda tener. Lo que no entra en debate es la necesidad de que en el decreto estén contemplados los créditos prendarios. Hay 37.800 taxistas prendados que van a protestar duro si no se los exceptúa del CER y el principal temor es que puedan tomar por esta razón el mismo edificio del Congreso.
Igualmente, si no sale por decreto hay dos proyectos que lideran el consenso. Uno es del Ejecutivo y otro ya fue girado a la comisión de Finanzas para su análisis.
Tal como indicó el diputado Omar Becerra: «Estamos tratando de unificar criterios y lograr una metodología para que los deudores puedan pagar y los acreedores cobrar, porque como está planteada la indexación no es posible cumplir».
El justicialismo presentó otro proyecto que busca bancarizar a los deudores hipotecarios que están afuera del circuito financiero (3 millones de personas y 60.000 millones de pesos). Lógicamente, lejos de esperar resoluciones de las Cámaras o del Ejecutivo, los acreedores hipotecarios y los locadores, -principales perjudicados si se llegara a aprobar la indexación de créditos y alquileres a través del CVS-, están apelando a diversos mecanismos legales para sortear éste o cualquier otro coeficiente. Se trata de la imprevisión contractual y del reajuste mediante el artículo 8º del decreto 214 gracias a los cuales, muchos ya aseguraron un reajuste distinto al propuesto por el gobierno.
El CER colapsó porque tanto los alquileres como los créditos hipotecarios, iban indiscutidamente a encarecerse demasiado respecto del crédito o alquiler de plaza y este desfasaje originó fuertes quejas de inquilinos y deudores que hasta apodaron al coeficiente «la segunda 1050».
Sin embargo, el ajuste por salarios tampoco logra ser equitativo. Como los sueldos están estancados, también lo estarán los alquileres y los créditos, a tal punto, que podrían estar muy deprimidos en relación a los de plaza en corto tiempo.
Según Enrique Abatti, jurista de la Cámara de Propietarios de la República Argentina «el CVS es atentatorio contra el derecho de la propiedad, porque los alquileres van a quedar muy deprimidos en comparación con los del mercado, y lo mismo va a pasar con los créditos hipotecarios». Por esto mismo, cada vez más se está recurriendo a la resolución de contratos y al reajuste equitativo de esta manera:
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