El Gobierno de Alberto Fernández dispuso, por decreto, a principios de enero, que los trabajadores privados cobren una remuneración fija, para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los salarios tras la inflación de casi 54% del último años de presidencia de Mauricio Macri. La suma total es de $4.000 y se pagará en dos tramos:
- salario de enero en febrero, de $3.000
- salario de febrero en marzo, de $1.000
La suba tendrá carácter “remunerativo", es decir que formará parte de la base de cálculo de conceptos como aguinaldo y salario básico y de los aportes de empleadores y empleados al sistema previsional, aunque tendrá excepciones para el sector pyme.
Cabe aclarar que no es un bono, sino que se integra al salario y deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.
El decreto también establece que el aumento deberá consignarse aparte en el recibo de sueldo, bajo el título “incremento solidario”.
¿Quiénes quedan afuera?
Este aumento no regirá para:
- el Sector Público Nacional
- trabajadores bajo el Régimen de Trabajo Agrario
- los empleados domésticos sujetos del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Si bien estos no están incluidos en este decreto, el Gobierno ya estableció qué pasará con los estatales: recibirán dos pagos de $ 3.000 y $ 1.000, a cobrar en marzo y abril, destinados a los sueldos de hasta $60 mil.
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