Los concesionarios de los cuatro accesos a la Capital Federal tuvieron ayer su segunda reunión con la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos que preside el ex titular de Metrovías José Barbero.
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En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Economía, los funcionarios encabezados por Barbero les entregaron a los empresarios un disquete conteniendo un extensísimo formulario en el que las empresas deberán volcar todos sus números desde el comienzo de las concesiones, léase inversiones, utilidades, deuda, tránsitos diarios por las casillas de peaje, etcétera. «Parece un due dilligence», dijo a este diario uno de los participantes de la reunión. Los empresarios tendrán diez días hábiles más cinco de gracia para entregar los formularios completados; recién entonces el Estado se avendrá a considerar los posibles reclamos de los concesionarios.
A partir de la presentación de la documentación, entonces, los funcionarios evaluarán el impacto que tuvo en las concesionarias la devaluación, la pesificación de las tarifas y el resto de las medidas económicas. Con esa evaluación en la mano, se sentarán a conversar las nuevas condiciones contractuales, que necesariamente -por lo que se explica más abajo-no podrán ser iguales para todas.
Por el gobierno -además del coordinador de la comisión participaron el abogado Rafael Bielsa y el coordinador Carlos Basco, entre otros. Por el lado de los concesionarios estuvieron Horacio de Vita (Coviares-Autopista Buenos Aires/La Plata); Luis Freixas (AUSOL-Acceso Norte); José Luis Giménez (Autopistas del Oeste/Acceso Oeste) y Gustavo Alvarez (AECSA-Autopista Ezeiza/Cañuelas), cada uno de ellos acompañado de un miniejército de asesores.
El planteo casi unánime es que, en las actuales condiciones, las cuatro empresas -«lo mismo que el resto de las 59 concesionarias de servicios públicos», dijo un asistente s on inviables. Pero tampoco se habló de cómo hacerlas viables: todavía sería prematuro --coincidieron ambas parteshacer planteos de subas de precios o prolongación de los contratos.
Cabe apuntar que la situación de una de las concesionarias (Autopistas del Sol) es diferente a la de sus tres colegas: la operadora del Acceso Norte tiene una deuda cercana a los u$s 500 millones, totalmente en dólares y tomada en el exterior a través de una obligación negociable. El endeudamiento se canjeó en 1997; hasta ese año AUSOL le debía a un grupo de bancos locales (Río, Galicia, Francés, Citi, etc.) que habían extendido un crédito para la construcción, pero ese año se canceló la deuda bancaria con dos ON (una vence en 2004; la otra en 2009) que se colocaron en el exterior. A principios de mes AUSOL entró en default, al no poder cumplir con un pago de interés por u$s 18 millones. «Con una empresa que tiene tarifas en pesos, que no pueden ser aumentadas ni actualizadas por inflación, y una deuda asumida en dólares, el futuro no existe», dijo un empresario presente. Barbero se limitó a asentir. «Además, no podemos engañarnos: hoy la recaudación es muy inferior a lo que deberíamos pagar por intereses».
• Desahogo
El resto de los concesionarios, en cambio, tiene todas sus deudas pesificadas por lo que su situación -al menos en lo inmediato-sería algo más desahogada. «No se crea: a nosotros nos va a matar el CER (el índice de actualización por el que se regirán los créditos tomados antes de la devaluación)», dijo un ejecutivo de una de las «pesificadas».
Otro aventuró que «más años de contrato no implican una solución automática: las deudas y la necesidad de mantener las autopistas son hoy, no dentro de diez años. O sea: un contrato a 20 años no puede servirle a una empresa que desaparecerá en seis meses...».
A buen entendedor: los concesionarios intentarán que se les actualicen las tarifas, dejando para más adelante la extensión de los contratos o en última instancia aceptarían un «mix» de ambas alternativas.
Hasta la fecha los concesionarios de los accesos a la Capital llevan invertidos en total unos u$s 1.800 millones, de los que u$s 800 millones corresponden a AUSOL. Los principales accionistas de estos grupos son las españolas Dragados y Construcciones (AUSOL), ACESA (Acceso Oeste) y Huarte (AECSA), y el grupo local CCI (Buenos Aires/La Plata).
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