Las privatizadas de gas y energía eléctrica rechazarán la propuesta de suba de tarifas que les formuló el gobierno en los últimos días y tampoco aceptarán participar en una audiencia pública en la que se discuta el tema o se les pida una contrapropuesta. Esta posición frontal se corresponde con el mal manejo que el gobierno hizo del tema en los últimos días y, sobre todo, con los términos de una propuesta que, a primera vista, carece de sentido común. En términos simples, se les está ofreciendo a las privatizadas el mismo aumento que durante el gobierno de Eduardo Duhalde terminó frenado por la Justicia. Pero, a cambio de ese ajuste, que sería en febrero de 2005 y el único hasta 2007, se les pide a las compañías que hagan inversiones y que renuncien a los juicios multimillonarios iniciados contra el Estado nacional en tribunales internacionales. Se abre así un conflicto con las privatizadas en el peor momento, porque justamente el objetivo del gobierno era llegar a acuerdos con ellas, para cumplir, aunque sea parcialmente, el compromiso asumido con el Fondo Monetario de renegociar 39 de 62 contratos antes del 30 de junio pasado.
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La unidad de renegociación de los contratos envió la semana pasada a transportistas de gas y electricidad, y a algunas de las distribuidoras, una propuesta de renegociación de los contratos, que incluye un único aumento de tarifas en febrero de 2005 y ningún otro ajuste hasta diciembre de 2006, además de inversiones obligatorias y el compromiso de las compa-ñías de renunciar a los juicios contra el Estado nacional.
Un dato llamativo es que las privatizadas atribuyen los últimos movimientos al ministro de Economía,
Por el momento, la posición de las privatizadas parece unánime, pero no puede descartarse todavía que el gobierno modifique el ofrecimiento, considerando el rechazo que provocó.
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