El traspié que sufrió en el Senado la ley oficialista que ratificaba el sistema de retenciones móviles no frenó, sin embargo, la Resolución 125, responsable de activar desde el 11 de marzo el aumento en el impuesto a la exportación de granos. El tema está ahora en manos del Ejecutivo, que debe definir si deroga, reemplaza o mantiene vigente la polémica norma.
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Se trata de una decisión política que a esta altura del conflicto excede al propio ministro de Economía Carlos Fernández y recae en la presidente Cristina de Kirchner. El próximo paso a seguir queda además condicionado por el principal golpe que dio el Senado en la madrugada de ayer: rechazar el proyecto de ley implicó dejar sin efecto su artículo 2, en el cual el Congreso aceptaba delegar al Ejecutivo facultades previstas en el código para fijar derechos de exportación.
En principio, el gobierno no tiene prevista una derogación de la 125 sin otra herramienta de reemplazo, ya que esto implicaría retrotraer la situación cuatro meses atrás, cuando la alícuota para la exportación de soja era de 35%. Hoy supera 47%. Las entidades, en tanto, pidieron ayer que se derogue la 125 y esperan que las nuevas reglas de juego las dicte el Congreso.
Nuevo escenario
En tanto, se abre ahora un nuevo escenario en el cual se incrementarían las medidas judiciales de productores, que -además de comercializar al mínimo a la espera de nuevas normas- intentarán quedar a salvo de la potencial nueva ley que podría surgir para determinar el nuevo nivel de retenciones, que siempre sería mayor a 35%.
Diversas fuentes judiciales dejaron en claro ayer que «la Resolución 125 está vigente», pero que «si el Poder Ejecutivo no actúa con cierta celeridad, lo único que va a lograr es la aceleración de los trámites judiciales», según indicó el constitucionalista Gregorio Badeni. «Desde el momento que el Poder Ejecutivo sometió a la ratificación, el juez puede hacer lugar a una medida cautelar suspendiendo la vigencia de la Resolución», agregó.
«Lo lógico sería que (la Resolución 125) fuera formalmente dejada sin efecto», coincidió Daniel Sabsay, abogado especializado en temas constitucionales.
Desde la mirada de los productores agropecuarios, el rechazo del Senado amplía la veta judicial que les permitiría obtener un beneficio. «Cada juez tiene ahora una nueva herramienta para fallar, tomando en cuenta la posición del Congreso», puntualizó Fabio Cerutti Sacco, abogado que llevó adelante los casos «Bollatti» y «Lan», dos productores rosarinos que lograron que la Justicia les permita pagar retenciones hasta 35%.
Presentaciones
Según la visión de Cerutti Sacco, «ahora gana más fuerza la posibilidad de que el productor agropecuario que vendió bajo el régimen de la Resolución 125 pueda recuperar lo pagado», siempre y cuando haga ante la Justicia una demanda de inconstitucionalidad. Actualmente hay unas 100 presentaciones individuales de productores ante la Justicia.
A su vez, también existe la opción de presentar una medida cautelar que ponga «a salvo» del pago futuro de alícuotas por encima de 35% en el caso de la soja. «Cualquier norma que se dicte comienza a correr desde su dictado en adelante, por lo que no hay manera de recuperar lo pagado de más si no se hace juicio, ya que las leyes no son retroactivas», indicó Cerutti Sacco.
Según los cálculos de este abogado, los productores deberían tener en cuenta que de los proyectos de ley que podrían ser consensuados en el futuro, ninguno contempla volver al 11 de marzo, y se barajan alícuotas para la soja en torno a 40%. «Por eso es importante sacar la cautelar antes que salga la nueva ley». Esto permitiría protegerse bajo la acción de amparo y vender toda la producción, cualquiera que sea la nueva normativa a dictarse, a valores previos al 11 de marzo.
Desde la aplicación del nuevo sistema de retenciones móviles, el único grano que mostró un flujo considerable de ventas al exterior fue el maíz. Se anotaron unas 5,5 millones de toneladas, a razón de más de u$s 1.300 millones, de los cuales la Nación cobró alrededor de u$s 330 millones por retenciones. «La mayoría anotó exportaciones cuando se inició el régimen de movilidad, y había bajado la alícuota de maíz», destacaron técnicos de la Sociedad Rural. Soja y trigo, en cambio, casi no tuvieron movimiento en estos cuatro meses.
Cuando el gobierno lanzó las retenciones móviles hace cuatro meses, lo hizo proyectando un ingreso adicional a sus arcas de u$s 1.200 millones.
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