Mientras el Fondo Monetario Internacional cuestiona al gobierno nacional por las demoras en aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal y porque el proyecto oficial es muy blando en materia de castigos, voluntariamente San Luis y Salta ya aplican una ley similar a nivel local. Pero la avanzada de esas provincias va más allá de tener una norma que las obliga a controlar estrictamente sus cuentas y su endeudamiento. En el caso de San Luis, se determinan sanciones penales para los funcionarios que transgredan esas disposiciones (según las figuras de «incumplimiento de los deberes del funcionario público» y de «malversación de caudales») y, al mismo tiempo, los obliga a resarcir al Estado con su patrimonio.En Salta, si bien la ley local no contempla penalidades explícitas, abre la posibilidad para que, por caso, la oposición active la interpelación de los responsables y les imponga sanciones políticas.
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