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Pero los magistrados inferiores fueron más allá al criticar indirectamente a los abogados de los bancos, al sostener que si se produjo la sangría financiera de los depósitos, fue porque esos profesionales no apelaron con la debida rapidez el cumplimiento del amparo acordado en favor de los ahorristas.
Los jueces creen, en general, que la nueva ley plantea la misma situación por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que admitió el «per saltum» a la Corte sin pasar los cámaras en apelación a la segunda instancia como establece el debido proceso. Una ley no puede afectar un derecho constitucional se alega en los Tribunales. También se objeta que no se puedan embargar fondos cuando se compruebe que se trata de propiedad del Banco Central. Contra ese argumento se antepone que las demandas son contra el Estado nacional y no contra los bancos y por lo tanto es lícito disponer de esos fondos para reintegrárselos a los ahorristas.
Tampoco escapó a sus críticas el asesoramiento del ministro de Justicia, Jorge Reynaldo Vanossi al presidente Eduardo Duhalde. Esos jueces entienden que disponer que primero se informe al Banco Central y después se acceda al mandato judicial podría caer en la misma calificación que al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo le costó varias denuncias penales.
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