Argentina quiere traer juicio contra YPF a Buenos Aires

• LO PIDIÓ AYER LA ABOGADA CONTRATADA POR EL GOBIERNO A LA CÁMARA DE APELACIONES DE NUEVA YORKLa audiencia fue abierta por el tribunal que debe definir si el país debe pagar, o no, más de u$s3.000 millones por la manera en que se reestatizó la petrolera en 2012.

Bernardo Saravia Frías y Maura Barry Grinalds

Juez: "Argentina ofrece promesas a los inversores para que inviertan en el país y después se arrepiente de estas promesas".

Argentina: el país respetará la decisión que tome el Tribunal.

Áspera. Dura. Complicada. Pero, al final, esperanzadora. Así se tomó en el bando argentino, el resultado de la audiencia de ayer en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde el país se juega un complicadísimo juicio contra YPF por la manera en que se reestatizó la petrolera en mayo de 2012. En esta causa el país se juega si debe pagar, como mínimo, unos u$s3.000 millones. La causa, de complicarse, podría extenderse incluso a demandas por más de u$s6.500 millones; en el caso que la justicia norteamericana se ensañe contra la posición argentina y todos los tenedores del 49% de las acciones de la petrolera decidan litigar al momento de ser renacionalizada. Son todos los accionistas que quedaron fuera del pago que el país le hizo a Repsol por la expropiación de la mayoría de la compañía, por el que el gobierno de Cristina de Kirchner pagó u$s6.000 millones.

Los tres jueces que deben resolver si el fondo Burford Capital se vio perjudicado, como actual propietario de la demanda que originalmente surgió con Petersen Energía Inversora, por no haber el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, abierto una "Oferta Pública de Adquisición (OPA)" por el 49% de acciones restantes luego de la reestatización del 51% de Repsol; fueron condescendientes con la abogada Maura Barry Grinalds, que desde esta audiencia representará legalmente al país. De hecho,- se tomaba como una señal positiva que en lugar de limitarse a los 12 minutos pactados originalmente, se le permitiera explicar la posición nacional durante más de una hora. Aún ante preguntas y repreguntas duras y hasta por momentos amenazantes de parte de los magistrados Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin; la posición de la nueva abogada contratada por el gobierno argentino, y que proviene del estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom (uno de los más importantes de los Estados Unidos especializado en litigios internacionales y arbitrajes entre países), fue siempre diplomática y asegurando que el país, en esta oportunidad, respetará todo lo que resuelva la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y que, luego de una eventual apelación ante la Corte Suprema en el caso que sea negativa, acatará el fallo final de la justicia norteamericana. La aclaración sobre la que insistió Grinalds fue para que los tres magistrados entiendan que la posición de la Argentina es ahora absolutamente respetuosa a los tribunales de los Estados Unidos. El objetivo es simple: que se separe la visión que aún se mantiene sobre el país EE.UU. luego de la experiencia de los litigios por el "juicio del Siglo" contra los fondos buitres.

Traslado

Grinalds insistió en que los jueces tomaran en cuenta dos reclamos del país: que, por cuestiones legales, se traslade la demanda a los tribunales argentinos; y que, si la causa avanza en la justicia norteamericana, se considere válido el argumento que durante el proceso de reestatización de YPF se debe considerar que se trató de una empresa pública y no estatal.

Desde el fondo Burford la posición fue, obviamente, más violenta. El demandante, un estudio especialista en comprar juicios de empresas en bancarrota; reclama a YPF y al gobierno argentino por no haber lanzado una OPA en el momento de la reestatización de la petrolera, ampliando la oferta de compra de los u$s6.000 millones de dólares al resto de los accionistas de la empresa. Según la posición de Burford, esta acción era obligatoria para el gobierno argentino, ya que figura en los prospectos de colocaciones de acciones y en el "estatuto" de privatización de YPF lanzado en el gobierno de Carlos Menem en 1993.

"¿Dónde en la Ley de Expropiación literalmente dice que Argentina no puede lanzar una OPA por el 49% no expropiado?"; preguntó Winter a Grinalds en uno de los momentos más duros de la audiencia. La abogada respondió que "la expropiación fue acto soberano y que no puede ser alcanzado por la Ley EE.UU"; con lo que los tribunales apropiados "deben ser los de la Argentina" ya que "este caso debe ser tratado por las cortes argentinas por inmunidad soberana". Fue ahí que los jueces, casi al unísono (Chin presenció la audiencia por teléfono), bramaron recordando la historia reciente de las posiciones de la Argentina en los tribunales neoyorquinos durante el juicio contra los fondos buitre. "Argentina ofrece promesas a los inversores para que inviertan en el país y después se arrepiente de estas promesas". La abogada, instruida sobre la mala imagen que dejó la Argentina hace sólo cuatro años, aclaró que la decisión nacional es "por supuesto ser respetuosos de lo que decida eventualmente la justicia norteamericana" y que "en el caso que se decida mantener el juicio en Nueva York, la decisión se acatará". Grinalds había sido instruida previamente por el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, que tiene ahora la responsabilidad de llegar adelante este nuevo y complicado juicio contra la Argentina. Este le había explicado con detenimiento el segundo concepto que la abogada debía aclararle a los jueces: que "Argentina no pudo llamar una OPA porque estaría obligada a comprar 100% de las acciones y la Ley de Expropiación impide al Estado ser propietaria de todas las acciones", ya que la base legal de toda la operación es que YPF no podía convertirse en una empresa estatal sino pública. Inmediatamente después los jueces quisieron saber si específicamente el Congreso argentino prohibió al Estado adquirir el 100% de las acciones mediante una OPA. La abogada dio sus argumentos y los jueces prometieron estudiarlos. Argentina recalcó que la Ley de Expropiación dice que YPF debe permanecer una empresa pública y no 100% en manos del Estado, motivo por el cual no realizaron una OPA.

Según Sebastián Maril, de Research for Traders, "no hay que leer nada específico en el tono áspero de los jueces con Argentina y con YPF. Es normal en estas instancias este tipo de idas y vueltas agresivas. En reiteradas ocasiones durante la batalla con los holdouts los jueces parecieron estar contra Argentina y finalmente nos dieron la razón".