Así lo aseguró la secretaria de Estado Adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, en una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se presentó un proyecto de ley para la imposición de sanciones que previsiblemente se someterá a voto en las próximas semanas.
El presidente del Comité, el demócrata cubano-estadounidense Robert Menéndez, se refirió al comienzo de la sesión al reciente informe emitido por Human Rights Watch (HRW), el cual describe crueles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
"El informe documenta cómo las fuerzas de seguridad venezolanas someten a manifestantes detenidos a graves maltratos físicos. No voy a entrar en mucho detalle, pero en un caso los miembros de la Guardia Nacional detuvieron a un joven manifestante y -estoy citando el informe- lo patearon, lo golpearon y le dispararon una bala de goma a quemarropa en su muslo derecho", relató el senador.
"Fue llevado a una instalación militar (en donde) un guardia, que vio su pierna sangrando, le enterró un dedo en la herida abierta, se la sacó y luego se la introdujo de nuevo", ilustró el senador para más tarde interpelar a Jacobson sobre la necesidad de castigar a través de sanciones a los ejecutores de dichas acciones.
"Por supuesto, hemos considerado la revocación de visas y otras sanciones económicas como el bloqueo de bienes bajo la autoridad que ya poseemos y serán útiles si no vemos movimiento sobre la mesa", dijo Jacobson, aunque explicó que la administración del presidente Barack Obama no quiere que su postura sirva para que el Gobierno de Nicolás Maduro lo use "como distracción" en medio de las negociaciones auspiciadas por los cancilleres de la Unasur. Reconoció en ese sentido que Venezuela vive bajo la represión gubernamental y que las voces de los estudiantes que protestan en las calles deben ser escuchadas.
Tanto Menéndez, como el senador republicano Marco Rubio, quienes impulsan desde hace varias semanas un proyecto de ley para imponer sanciones contra funcionarios venezolanos, fueron muy insistentes sobre la necesidad de hacer pagar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en ese país.
Caracas ya advirtió que responderá cualquier imposición de sanciones.
En tanto, unos 300 venezolanos residentes en Miami partieron ayer en caravana hacia Washington para pedir al Congreso y al Gobierno de Estados Unidos que cesen las relaciones con Maduro y se le apliquen sanciones.
Los venezolanos, que se consideran exiliados, viajan en tres autobuses y unos 40 vehículos particulares y tienen previsto llegar hoy a la capital para participar en una serie de actos.
Sin embargo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) salió a despegarse de esa estrategia y aclaró ayer que nunca pidió sanciones a Estados Unidos.
"Nunca un vocero de la Mesa de la Unidad ha planteado a funcionario de país alguno que se dicten sanciones que hagan que el pueblo pague las culpas de sus gobernantes. Tampoco que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea sus conducta", señala el comunicado emitido por el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, miembro del ala dialoguista de la oposición.
Dentro de sus declaraciones, la propia Jacobson había asegurado durante su comparecencia en el Senado norteamericano que los integrantes de la oposición le pidieron no aplicar sanciones "en este momento".
| Agencias EFE, DPA y AFP |
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