Capaccioli, a juicio sólo por la “caja chica”

El exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli zafó de una acusación por el otorgamiento de un subsidio millonario a las obras sociales sindicales, pero quedó en peor situación frente a las sospechas que pesan en su contra por el uso del dinero de la caja chica de ese organismo.

La Cámara Federal anuló el procesamiento del exrecaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner por la firma de una resolución que otorgó a los gremios $ 47 millones. En igual sentido, la Sala II del tribunal se expresó respecto de Oscar Cochlar, Fernando Scopinaro y Horacio Agustín Ballestero, exgerentes de la Superintendencia (SSS).

En cambio, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento que había dictado el juez Norberto Oyarbide al dar por acreditado presuntamente «que el imputado utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje» aprobados en una disposición de la SSS.

El fallo recoge pruebas de compras con esos fondos de indumentaria de marcas costosas, así como juguetes, gemelos y calzado. «Las pruebas colectadas permiten homologar el temperamento incriminante adoptado, desde que obran suficientes constancias que permiten tener por acreditado que el imputado utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje», señala la resolución.

En cuanto al otorgamiento del subsidio a 52 obras sociales, los camaristas alegaron que «fueron diversas las áreas de la administración pública que se han expedido en torno de las facultades» de la Superintendencia para inyectar fondos a esas organizaciones. Al procesar a Capaccioli, el juez Oyarbide había sostenido que la SSS no tenía entre sus funciones la de disponer subsidios de manera directa a los gremios. De hecho, la inyección de 2 millones de pesos a la obra social del gremio de los peones rurales disparó la detención -que duró 36 horas- del jefe de ese sindicato, Gerónimo Venegas.

La investigación por el subsidio del organismo surgió como un desprendimiento de la causa principal que instruye Oyarbide por la denominada «mafia de los medicamentos». El dinero, de acuerdo con la Resolución 806/07 de la SSS, debía ser aplicado a «la implementación de programas de prevención de enfermedades» por parte de las obras sociales de origen sindical.

En su defensa, Capaccioli y los otros funcionarios sostuvieron que el dictado de la resolución estuvo amparado por un análisis previo en áreas de la Jefatura de Gabinete.