Causa Córdoba: Corte confirmó a Maqueda

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La Corte Suprema de Justicia rechazó una recusación planteada por la ANSES contra el juez Juan Carlos Maqueda, en el marco de la causa que tramita en el máximo tribunal por la cual la provincia el Gobierno del cordobés José Manuel de la Sota le reclama a la Nación una deuda de fondos jubilatorios.

La ANSES había planteado la recusación de Maqueda "por la causal de prejuzgamiento por pérdida de imparcialidad, al haber sido firmante en 2001, cuando era ministro de Educación en la provincia de Córdoba, de un decreto reglamentario de una ley de contenido previsional que integra el marco normativo que es objeto de esta causa".

Maqueda, según la recusación de la ANSES, cuando era ministro de Educación de Córdoba, fue "uno de los firmantes del Decreto 2754/01, reglamentario de la ley provincial 8.836, mediante la cual se declaró en estado de jubilación a 4.173 agentes de la administración pública provincial, modificando así el régimen normativo vigente a la época de la firma del convenio", en noviembre de 2000.

"El incremento del universo de beneficiarios del sector pasivo producido por la legislación refrendada por el señor juez recusado, ha acentuado la debilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial para atender el pago de las prestaciones y la exposición a serios riesgos de insolvencia presupuestaria en el futuro inmediato", según el organismo.

Pero con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, la recusación fue desestimada por "extemporánea".

La causa es por un reclamo que Córdoba hace a la Nación de unos 1.040 millones de pesos por supuestas deudas previsionales, y el cual el Gobierno nacional se niega a pagar bajo el argumento de que la provincia incumplió con un acuerdo sobre armonización de régimen previsional.

Ese acuerdo comprometía a la Nación a cubrir el déficit del sistema jubilatorio mediterráneo mientras la provincia realizara la adaptación a las pautas nacionales para lograr un equilibrio presupuestario.

"No puede decirse que exista interés en las resultas del pleito por haber suscripto la promulgación de una ley discutida en la causa, así como no existe interés ni opinión comprometida por haber resuelto otros análogos, dado que las leyes son aplicadas con arreglo a las peculiaridades del caso sometido a la decisión judicial", dijo la Corte al rechazar la recusación.

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