EE.UU.: el Estado aprueba (y controla) millonaria fusión

Después de un proceso de revisión de casi un año, el organismo gubernamental responsable de las comunicaciones en los Estados Unidos (la FCC) acaba de aprobar, junto con el Departamento de Justicia, la fusión entre NBC Universal y Comcast a través de la cual el mayor proveedor de cable de ese país adquiere el 51% del paquete accionario de uno de los principales generadores de contenidos de entretenimiento del mundo, aportando para ello casi 14 mil millones de dólares. El nuevo escenario, según los especialistas del sector, no sólo impactará directamente en el negocio del cine y la televisión, sino también en los medios de distribución de esos contenidos. Como no podía ser de otra manera, y pese a los discursos de «libertad de mercado» que suelen enunciarse en estas tierras, el gobierno norteamericano le ha impuesto a Comcast varias condiciones para aprobar el negocio.

Por ejemplo, en lo que hace a contenidos, debe aumentar la programación para telespectadores hispanoparlantes, mientras que en el rubro de la distribución de cable le exigen que aumente la cobertura y calidad de la banda ancha en regiones rurales, es decir, aquellas que no son específicamente «negocio» por la cantidad de potenciales usuarios.

Otro de los requisitos obliga a Comcast a renunciar a cualquier intención de dirigir o influir en Hulu.com -de la que NBC es parte- y, para evitar las posiciones monopólicas en Internet, debe poner los contenidos de su nueva compañía a disposición de los usuarios a través de otro proveedor de video streaming.

Asimismo, está obligada a ofrecer, de manera igualitaria, a otras compañías similares, de satélite o de aire competidoras, la programación de su nueva adquisición. Finalmente, y durante un período de tres años, Comcast debe ofrecer, a precio fijo, un sistema de banda ancha independiente de su servicio de cable, por lo que la gente no estará obligada a contratar todo el paquete de productos y servicios. De acuerdo con lo informado, las cláusulas transitorias del convenio deberán mantenerse durante siete años, un período que las autoridades norteamericanas consideran prudencial, teniendo en cuenta la magnitud de las partes involucradas.

Horacio Moreno