El muftí de Egipto, máxima autoridad religiosa del país, Shauqui Alam, deberá pronunciar un dictamen no vinculante sobre 683 penas de muerte -una de las cuales es la de Badía- antes de que el tribunal emita un fallo definitivo.
La Corte Penal de la ciudad meridional de Minia dictó las sentencias ante la ira y la frustración de los familiares de los acusados, que se agolpaban cerca del tribunal en espera de la decisión.
En total, el tribunal de Minia procesó a unas 1.200 personas, en dos "macrojuicios" sin precedentes que no contaron con garantías legales, según abogados y defensores de los derechos humanos.
En un ambiente muy tenso, decenas de familiares rompieron a llorar al conocerse las sentencias a pena de muerte y cadena perpetua, apenas veinte minutos después del inicio de la sesión.
Las mujeres y la Hermandad de los condenados, abrazados para superar el duro golpe, gritaron que sus allegados son inocentes y que no pertenecen a la proscripta cofradía, cuyo candidato Mohamed Mursi ganó las únicas elecciones democráticas de la historia egipcia en junio de 2012 y fue derrocado mediante un golpe de Estado poco más de un año después.
Algunos se desmayaron y otros increparon a los policías y militares que cortaban los accesos al tribunal, clamando justicia.
En ausencia de los acusados, la corte ordenó remitir los expedientes de 683 islamistas al muftí del país, lo que según el sistema judicial egipcio significa que fueron condenados a muerte provisionalmente, hasta que se dicte el fallo definitivo el próximo 21 de junio.
Los acusados -la mayoría juzgados en rebeldía- afrontaban los cargos de asalto a instituciones públicas y a la comisaría del distrito de Al Edua, en la provincia de Minia, así como del asesinato de un policía.
A su salida del tribunal, el abogado de la defensa, Mohamed Faruq, dijo que la corte no tiene pruebas y que el fallo es "político y contrario a la legislación egipcia".
Del mismo modo se expresó un portavoz de la Hermandad Musulmana, declarada "grupo terrorista" por las autoridades en diciembre pasado, quien señaló que las condenas buscan atemorizar a la población para evitar manifestaciones.
En el otro caso resuelto en el tribunal, el mismo magistrado, Said Yusef -calificado por sus detractores como el "juez de las ejecuciones"-, dictó la pena capital en firme para 37 personas y conmutó esa sentencia por cadena perpetua para otras 491. Los halló culpables de haber atacado comisarías, edificios gubernamentales e iglesias, y del asesinato de un coronel de policía en la población de Matay, también en Minia.
Este grupo de más de 520 personas -unas 350 huidas- había sido condenado a muerte el pasado 24 de marzo y sus expedientes remitidos al muftí, por lo que la sentencia de ayer rebajó la pena para la mayoría de los acusados.
Los sucesos de ambos casos se enmarcan en la ola de violencia que se extendió por Minia el pasado agosto, en protesta por el desalojo policial de las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mursi en El Cairo, que se saldó con cientos de muertos.
Uno de los abogados del caso de Matay, Adel Mustafa Halabi, dijo que apelará las sentencias y que el juez consideró que los 37 condenados a muerte en firme estaban implicados de forma directa en el asesinato del coronel.
En tanto, Estados Unidos se declaró "muy preocupado" por la continua realización de juicios y sentencias masivas en Egipto.
"El veredicto, como el del mes pasado, desacata hasta los estándares más básicos de la Justicia internacional", dijo un comunicado de la Casa Blanca emitido en Washington.
La administración de Barack Obama respaldó al Gobierno cívico-militar surgido tras el derrocamiento de Mursi.
Alemania, el Reino Unido y otros países occidentales que también respaldan el régimen de transición -que prometió elecciones para el 26 y el 27 del mes que viene- expresaron su condena en términos similares.
| Agencias EFE, DPA y AFP, |
y Ámbito Financiero
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