El dilema es cómo cumplir la orden

La Haya - El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, y los jueces del alto tribunal internacional de La Haya acaban de dejar una ingrata y muy delicada tarea por delante a la OTAN y a los aliados internacionales que llevan a cabo la operación militar contra el régimen libio.

Con la emisión ayer de sendas órdenes de detención contra el líder libio, Muamar al Gadafi, su hijo Saif al Islam, y el jefe de la Inteligencia militar, Abdulá al Senussi, la CPI acaba de reabrir un nuevo frente para el debate jurídico y político en el seno de la alianza, o de quien intente hacer cumplir la Justicia internacional: ¿cómo y quién se atreverá a lanzar una eventual operación para lograr su detención en Libia amparada en la Resolución 1973 de Naciones Unidas?

Oficialmente, los principales actores de la ofensiva se amparan, en sentido estricto, en el mandato de la 1973, cuya misión es proteger a la población civil de los ataques de las fuerzas leales al líder libio. No obstante, hace varias semanas incluso la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, no fue tan categórica a la hora de limitar el ámbito de acción de esa resolución.

Mientras tanto, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Anders Fogh Rasmussen, aseguraba a principios de este mes que «Gadafi es cosa del pasado, la pregunta no es si se irá, sino cuándo lo hará».

A pesar de que la versión desde el cuartel general de la alianza en Bruselas repite que la OTAN «no pone a personas como objetivos» (en referencia a Gadafi), desde la propia organización militar se admite que Naciones Unidas (de la cual depende la CPI), tendrá un papel destacado en la «era pos-Gadafi».

Tres meses después del inicio de la ofensiva aliada «Protector Unificado» en Libia, y a pesar de que la alianza haga un balance positivo, medido en un pormenorizado recuento de «objetivos destruidos», el líder libio sigue ahí, desafiante y por el momento no parece tener intención de abandonar su puesto.

La emisión de una orden de detención contra el hombre fuerte libio lo convierte, de hecho, en un prófugo de la Justicia internacional a la espera de que alguien decida lanzar una operación (relámpago o no) para detenerlo y, a la postre, extraditarlo a la CPI de La Haya. Pero ¿quién lo hará y, sobre todo, en base a qué fórmula jurídica?

Ésta es la segunda vez que la CPI emite una orden de detención contra un jefe de Estado en ejercicio. En agosto de 2010, el alto tribunal de Naciones Unidas hizo lo propio contra el presidente de Sudán, Omar Hasam al Bashir, por crímenes cometidos en Darfur, pero esa orden de detención sigue durmiendo el sueño de los justos y Bashir está libre.

Desde algunos círculos estratégicos se admite que sólo un despliegue terrestre podría lograr la hipotética captura del líder libio, lo cual complicaría todavía más el escenario.

Los expertos, por su parte, dejan la duda en el aire acerca de si la Resolución 1973 permite, de hecho, aunque no lo mencione expresamente, el futuro despliegue de tropas de tierra.

Eric David, experto en política internacional de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) recuerda que el apartado 4 de la Resolución 1973 «autoriza a tomar todas las medidas necesarias (...) para proteger a la población y las zonas civiles amenazadas por ataques en Libia» y prohíbe «el despliegue de una fuerza de ocupación extranjera sea de la forma que sea e independientemente de en qué parte del territorio libio se trate».

Pero según el jurista belga, citado por el diario Le Soir, existe una «peligrosa ambigüedad» en el texto. «Esa parte de la resolución, según aseguran fuentes diplomáticas, ha sido redactado de manera premeditada con varias ambigüedades», afirma.

Agencia DPA