Entre 3 y 5 puntos sería el impacto en inflación

El recorte de los subsidios al consumo residencial de electricidad, gas y agua es una medida que tendrá un bajo impacto en la inflación. Así lo sostiene un informe del Instituto de Estudios Económicos del Banco Ciudad, en el que señala, en cambio, que será «potencialmente rendidora desde una óptica fiscal».

La entidad recordó que luego de una década de tarifas congeladas, el peso de la energía y del agua en la canasta de consumo de las familias se redujo. «Hoy ambos servicios cuentan una ponderación cercana al 3% en los índices de precios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), tras llegar a representar casi el 5% a fines de los años 90», explicó.

A continuación, los principales puntos del informe: 

Aun en el hipotético caso de una eliminación total de los subsidios a un porcentaje elevado de la población, los incrementos en las boletas residenciales (que en promedio podrían más que duplicarse) tendrían un impacto directo en los índices de precios de entre 3 y 5 puntos porcentuales. 

La clave para acotar el impacto inflacionario de un recorte de subsidios pasa por lo que suceda con el rubro transporte, cuyo peso actual en el consumo de los hogares (y, por ende, en los índices de precios) resulta mucho más elevado que el de la energía. Según nuestros cálculos, el hipotético caso de una eliminación de los subsidios a todos los servicios públicos tendría un impacto directo sobre el IPC de casi 20 puntos porcentuales, de los cuales sólo una cuarta parte correspondería a los ajustes en los servicios de electricidad, gas y agua, mientras que el resto estaría asociado a los ajustes requeridos en las tarifas de transporte, principalmente urbano de pasajeros (colectivos). 

A pesar de su bajo impacto en los índices de precios, la energía se anota por sí sola casi la mitad de los fondos destinados a subsidios. En 2011, del crédito fiscal vigente para subsidios económicos (por un total de casi $ 63.200 millones, que podría ampliarse hasta $ 70.000 millones), un 56% corresponde exclusivamente a la energía, mientras que el resto se reparte en transporte (26%), empresas públicas (11%) y otros sectores (7%). En este sentido, comenzar recortando los subsidios energéticos tendría un bajo costo en términos inflacionarios, pero apetitoso para las arcas del Estado.