El mandatario, que ya debió hacer frente a su escaso índice de popularidad -el menor desde el inicio de la Quinta República- y al desastre electoral en los comicios municipales de marzo, enfrenta ahora la indignación de buena parte de los legisladores socialistas que se sienten traicionados por las políticas liberales de Valls, quien la semana pasada anunció un plan de ajuste.
Mientras que un centenar de legisladores impulsó un manifiesto contra el polémico primer ministro, otro grupo de parlamentarios, adscriptos a la Comisión de Finanzas de la Asamblea francesa, presentó un plan alternativo de políticas económicas exigidas por la Unión Europea (UE) y Alemania con el objetivo de evitar que el poder adquisitivo de los franceses se vea afectado.
Los diputados disidentes, de acuerdo con la prensa, suman en total un tercio del grupo parlamentario socialista.
De acuerdo con información del diario Le Monde, el jefe de los diputados socialistas, Bruno Le Roux, y la encargada de Presupuesto, Valérie Rabault, recibieron ayer el texto con la iniciativa y hoy será entregado a Valls.
"Hay una oposición muy clara. El objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre el Ejecutivo y la mayoría", dijo Rabault, reconociendo así que el PS se encuentra al borde de la implosión.
El programa lanzado por Valls, y denunciado por muchos como un giro a la derecha, contempla una reducción del gasto público de 50.000 millones de euros entre 2015 y 2017 y prevé que los sueldos de los funcionarios no suban y que hasta octubre de 2015 se congelen las pensiones y las prestaciones sociales.
Para los diputados díscolos, los hogares de ingresos medios y modestos ya se vieron afectados por los anteriores esfuerzos presupuestarios y no es posible exigirles más. Este grupo se desmarca de los socialistas que el pasado jueves solicitaron a Valls que modere el programa de ajuste, planteando que el ahorro debería limitarse en esos años a 35.000 millones de euros. Los participantes en este nuevo documento comparten la cantidad prevista por el jefe del Gobierno, pero piden que no vaya en contra de la recuperación económica y del empleo que, a su juicio, "se vieron frenados por los esfuerzos presupuestarios".
La primera alternativa, que acelera el calendario de corrección del déficit, propone aplicar el llamado pacto de responsabilidad a las pequeñas y medianas empresas a partir de 2015, pero aplazar a 2016 su aplicación en los grandes grupos, lo que, en su opinión, permitiría no congelar las prestaciones sociales. El segundo escenario busca bloquear la evolución de ciertos gastos fiscales, como el crédito de impuesto para la investigación, y el tercero y último hace hincapié en un plan de lucha contra el fraude fiscal.
Los recortes propuestos por Valls deberán ser presentados ante el Parlamento francés el 29 de abril.
Su trámite, aunque por el momento no está en riesgo, sí podría ser dificultoso políticamente para Hollande debido a que varios de los diputados amenazaron con no votarlo si no se realizan cambios en los puntos más cuestionados: los recortes en el gasto público y el congelamiento de salarios.
Valls deberá consensuar necesariamente su plan con el PS ya que los Verdes y el Partido Comunista (PC) votarán en contra.
Por su parte, el debilitado Hollande ligó el fin de semana su eventual reelección a la reducción del desempleo. "Si el desempleo no baja para 2017, no tengo ninguna razón para ser candidato ni ninguna posibilidad de ser reelegido", reconoció.
Del éxito que tenga su programa de ajuste depende, en tanto, la opción electoral de Valls, quien estaría planeando disputarle al actual mandatario la nominación a las presidenciales de 2017.
| Agencia EFE y Ámbito Financiero |
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