Por primera vez, Estados Unidos se decidió a dar el paso y acusar formalmente por esta cuestión a funcionarios extranjeros, en este caso a expertos de la secreta Unidad 61398, con sede en Shanghái y encargada supuestamente de infiltrarse en las redes informáticas de empresas estadounidenses.
El fiscal general, Eric Holder, explicó ayer en una conferencia de prensa que "el rango de secretos comerciales y otro tipo de información empresarial sensible robada es importante y obliga a una respuesta decisiva". "Robaron secretos comerciales para beneficiar particularmente a compañías chinas en el momento de la sustracción. En otros casos, robaban comunicaciones internas y sensibles que aportar a un competidor o a un adversario en un litigio con información sobre la estrategia y la vulnerabilidad de la entidad estadounidense", afirmó.
Las empresas afectadas son líderes en los sectores de la energía nuclear, renovable y producción de acero y aluminio: Westinghouse Electric, las filiales estadounidenses de la alemana SolarWorld, U.S. Steel, Alcoa, Allegheny Technologies, y el sindicato United Steelworkers.
El documento de cargos imputa a Wang Dong, Sun Kailiang y Wen Xinyu por la responsabilidad material de los hechos, y a Huang Zhenyu y Gu Chunhui por el mantenimiento de la infraestructura utilizada en las operaciones de infiltración electrónica.
Los 31 cargos presentados contra estos militares chinos conllevan penas máximas de prisión que van desde los 10 a los 15 años, por los delitos más graves como "robo de secretos comerciales" y "espionaje económico", respectivamente.
El fiscal federal del distrito de Pensilvania Occidental, David J. Hickton, aseguró que el costo en investigación y desarrollo vulnerado asciende a "miles de millones de dólares" y que "se perdieron empleos estadounidenses" a raíz de la competencia desleal de China.
El supuesto espionaje comenzó en 2006, cuando los hackers habrían accedido a datos como el diseño industrial de una planta nuclear que Westinghouse iba a construir con un socio chino, a comunicaciones de un litigio sobre la competencia desleal china en placas solares y a disputas internacionales en el sector del acero.
Los acusados serán procesados por los tribunales federales del estado de Pensilvania, pero al no encontrarse en este país y ante la improbabilidad de que los entreguen, no parece que vayan a vérselas con un juez norteamericano.
De hecho, la primera reacción del Gobierno chino fue de rechazo y exigió a Estados Unidos que retire "inmediatamente" las acusaciones, las cuales calificó de "sin base y absurdas". Además, anunció la suspensión inmediata del diálogo bilateral en seguridad cibernética y no descartó posibles medidas adicionales.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Qin Gang, indicó en un comunicado que la acusación contra los cinco militares "viola escandalosamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y pone en peligro la cooperación y la confianza mutua".
Siguiendo con el tono duro, Pekín acusó a Washington de ser el que realmente estuvo implicado "desde hace mucho tiempo en ciberespionaje organizado y a gran escala, así como en actividades de escucha y vigilancia contra líderes políticos, empresas e individuos extranjeros", en clara referencia al espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguirdad (NSA) revelado por el exanalista Edward Snowden.
Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, señaló que es necesario que ambas potencias desarrollen "reglas" claras sobre el espionaje "y las sigan", y aseguró que su país está "comprometido a desarrollar una relación productiva y constructiva con China" y a trabajar conjuntamente "para evitar que esta actividad continúe".
| Agencias EFE, AFP, DPA, ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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