La decisión, en forma de una medida cautelar que podría ser apelada por Cunha, significó un respiro para un Gobierno que temía sufrir ayer un golpe demoledor, pero en verdad sólo pospone la batalla política de fondo.
Uno de los once miembros de la más alta corte brasileña, el juez Teori Zavascki, emitió un parecer en el que calificó como "inusitado" el nuevo reglamento para aprobar el inicio del proceso hacia el "impeachment" definido por Cunha.
Si bien el juez de la Corte no calificó al jefe de Diputados, el tono de su escrito permite deducir fuertes críticas implícitas hacia el congresista, acusado él mismo de corrupción en el marco del "Petrolão".
Cunha declaró, poco después de conocida la medida judicial, que no se siente "presionado" y aseguró que continuará adelante evaluando los pedidos de "impeachment" que llegaron su despacho. "La decisión sobre las peticiones de un juicio político es una atribución constitucional que tengo y no está siendo cuestionada. Sigo teniendo esa prerrogativa y la usaré, dijo (ver nota aparte).
También el diputado Mendonça Filho, jefe del bloque del partido opositor Demócratas, afirmó que la medida del juez "no afecta en nada" la estrategia para impulsar un "impeachment" contra la presidenta.
De hecho, el juez Zavaski en ningún momento anula la posibilidad de un enjuiciamiento sino que rechaza la revisión del "rito" procesal elaborada por Cunha. Y esta revisión entraña consecuencias políticas porque ahora Cunha no podrá dar curso al plan que había pactado con la oposición para votar el enjuiciamiento con mayoría simple.
La Constitución brasileña otorga al presidente de la Cámara de Diputados la potestad de aceptar o de rechazar los pedidos de juicio político, y, según la prensa, Cunha había acordado con el jefe de la oposición, el candidato derrotado por Dilma el año pasado, Aécio Neves, un procedimiento muy particular.
En parte para no agravar su propia situación política, con legisladores que reclaman su salida del cargo por corrupción, Cunha podría rechazar los pedidos de "impeachment" pero, a través de un recurso interno, permitir a la oposición llevar el tema al pleno, donde el inicio del trámite podría ser aprobado por mayoría simple.
Para la adopción de ese reglamento, Cunha se basó en lo ocurrido en 1992, cuando el presidente que corría riesgo de destitución era Fernando Henrique Cardoso, pero el juez Zavaski indicó que eso es ilegal y que lo único que establece la ley es que el titular de Diputados sea el que apruebe o rechace los pedidos. Luego, restaría una única votación con dos tercios para elevar la acusación a juicio en el Senado, un objetivo hoy difícil para la oposición.
Poco después se conoció un pronunciamiento aún más amplio de otra magistrada del STF, Rosa Weber.
Cunha anunció que podría apelar la decisión del magistrado y que, de cualquier forma, definirá la semana que viene si acepta o rechaza los pedidos de destitución de la mandataria.
La decisión del STF se conoció cinco días después de que la Procuración General de la República informó haber recibido documentos que prueban que Cunha y su familia son titulares de al menos dos cuentas activas en Suiza con fondos de origen desconocido de 2,4 millones de dólares, posiblemente provenientes de la trama de corrupción en Petrobras.
La medida cautelar de ayer impacta de lleno sobre Cunha, que en su búsqueda de impunidad en negociaciones tanto con el Gobierno como con la oposición, ahora debería definirse clara y personalmente sobre el "impeachment".
Mientras, el Gobierno volvió a denunciar un intento de "golpe de Estado" y propuso restablecer el diálogo con la oposición para evitar una "guerra fratricida".
"El Gobierno y la oposición tenemos que debatir nuestras diferencias, nuestras divergencias, pero eso no puede convertirse en una guerra fratricida", declaró el ministro de Comunicaciones, Edinho Silva. "No podemos abordar nuestras diferencias políticas poniendo en riesgo la estabilidad institucional", añadió.
| Agencias ANSA, Reuters y AFP, |
y Ámbito Financiero
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