La resolución, aprobada el lunes por la mayoría independentista, asegura que el Parlamento catalán ya no se somete a las decisiones de las instituciones españolas y fija un límite de 30 días para empezar los trabajos parlamentarios de creación de una hacienda y seguridad social independientes.
Se trata de una declaración sin precedentes pero, también, sin efectos jurídicos por el momento. "Todo este acuerdo que aprobamos está condicionado a la constitución de un Gobierno", reconoció ayer Raúl Romeva, diputado de la coalición independentista Juntos por el Sí.
La coalición, que aglutina partidos de derecha a izquierda, ganó las elecciones pero para investir a su candidato, el actual presidente en funciones Artur Mas, de ideología liberal, necesita a la izquierda anticapitalista CUP (ver pág. 14).
"Hasta que no haya Gobierno, las medidas que aprobamos no entran en vigor", insistió Romeva, un día después de aprobar la declaración lanzando un proceso para constituir en 2017 una república independiente en esta región del noreste de España.
Pese a la ausencia de consecuencias directas, el Gobierno de Mariano Rajoy respondió con celeridad anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría suspender la resolución esta misma semana y emprender sanciones contra aquellos que no lo acaten.
Incluso, el ejecutivo español se plantea recurrir a un artículo de la Constitución española que permitiría suspender la autonomía regional y su ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación a Cataluña, que sufre graves problemas de liquidez.
Todo esto ocurre a cuarenta días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre, en las que Rajoy, en el poder desde 2011, espera revalidar su mandato ante la competencia del Partido Socialista y la emergencia de nuevos partidos como Ciudadanos (centroderecha) y los antiliberales de Podemos.
Cataluña marcará parte del debate de estos comicios y Rajoy, tras conseguir forjar un frente antisecesión con los socialistas y con Ciudadanos, trata de erigirse como principal garante de la unidad del país.
"Mientras yo sea presidente del Gobierno, nadie romperá la unidad de España", dice repetidamente Rajoy ante un electorado que todavía no percibe claramente los beneficios de la recuperación económica en un país con una tasa de desempleo del 22%.
Su Partido Popular, amenazado por el auge de Ciudadanos, "ha comprobado que el discurso económico no funciona y ha activado el plan B: se rompe España y el problema es Cataluña", indicó el profesor de Ciencia Política Antón Losada.
"La gente vota al Gobierno cuando hay crisis", coincidió el politólogo José Ignacio Torreblanca, aunque subraya que Rajoy podría verse penalizado por su inacción hacia Cataluña durante su mandato, en el que se han multiplicado los apoyos independentistas.
En cualquier caso, Torreblanca recomienda una respuesta "moderada" y "proporcional", porque "los independentistas quieren construir una nación sobre la base de este conflicto" con Madrid.
| Agencia AFP |
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